Al cierre de esta nota, sólo quedaban tres prófugos de la lista de 46 detenciones, que se redujeron a 44 al verificarse que dos de ellos murieron. De los tres que no se presentaron, se esperaba que uno de ellos, el ex teniente coronel Antonio Arrechea Andrade, de 73 años, estaba “ubicado” y se presentaría detenido en las próximas horas.
Los otros prófugos son el ex capitán de Fragata Jorge Vildoza, alias “Gastón” y al ex teniente coronel Arturo Gonzalez Naya. El mismo juez Canicoba Corral adelantó que en las próximas horas los dos serán declarados “técnicamente prófugos”. Vildoza vive “clandestino” en el Paraguay, y ya tiene otros pedidos de captura, mientras de Naya nada se sabe desde hace varios años.
Canicoba confirmó además que hoy envió un oficio a la Cancillería para que la Justicia española sea notificada de las detenciones, lo que abre el plazo legal -40 días- para que el magistrado español envíe los fundamentos de los pedidos de extradición que, recordó el juez federal porteño, serán analizados “caso por caso”.
Por otro lado hoy compareció ante el juez en los Tribunales federales otro de los requeridos que no se había presentado durante el fin de semana; el ex general de Brigada Jorge Olivera Rovere, quien tras ser notificado del pedido de arresto preventivo quedó alojado en un dependencia del Ejército, según se informó.
El abogado de Olivera Rovere, Florencio Varela, explicó que tras la audiencia de identificación que se realizó hoy le presentó al juez “documentación que prueba que la Argentina ya rechazó extradiciones pedidas por Garzón por los mismos delitos”.
Según el abogado, que también representa a otros tres detenidos a pedido español, el juez ibérico es un “pícaro” porque pidió extradiciones que ya habían sido rechazadas, y adelantó que se presentará ante la embajada de España en Buenos Aires para que “la Cancillería española se ocupe del asunto”.
“Tiene un perfil bastante especial el doctor Garzón” –siguió Varela ante movileros frente al edificio de Comodoro Py- “es una persona que se mueve en el jercivio de su poder juridisccional a través de ideologías y eso no puede ser”, añadió.
Por ahora siguen presos
También se conoció hoy que el juez Canicoba Corral rechazó los pedidos de excarcelación que le formularon la mayoría de los detenidos, aunque admitió que “existe la posibilidad” de que más adelante acceda a algunos pedidos.
“La posibilidad existe, pero es un tema que va a resolverse cuando llegue el momento”, precisó el juez, aunque legisladores y organismos de Derechos Humanos ya le pidieron que no lo haga.
“Venimos a pedir que no los dejen libres ya que para el pueblo es muy difícil asimilar que los criminales estén sueltos. No queremos que se repita lo de Margarita Belén”, indicó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, una de los presentes en esta reunión con el juez, a quien le pidieron que los acepte como “amicus curiae" en el expediente de extradición.
La representante de la Asociación ex detenidos desaparecidos, Adriana Calvo remarcó que los detenidos no deben ser puesto en libertad porque “nadie puede asegurar semejante cosa desde el momento en que ya se comprobó que hay dos prófugos en la causa”, sostuvo Calvo en diálogo con los periodistas acreditados en Tribunales.
Calvo fue una de las participantes del encuentro con el juez, junto a representantes del departamento jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), CentroProfesional por los Derechos Humanos (CEPRODH), la agrupación H.I.J.O.S. y “Hermanos” de niños nacidos en cautiverio.
También participaron de la reunión los diputados Ariel Basteiro del ARI, Vilma Ripoll y Patricia Walsh de Izquierda Unida y la legisladora porteña Beatriz Baltroc. Los participantes del encuentro con el juez indicaron que Canicoba les “abrió la puerta” para que pasen a revistar el rol de querellantes en el proceso.
Decreto publicado
En tanto hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto 420/2003, que ya se había anunciado el viernes último, en el cual el presidente Néstor Kirchner dispuso la derogación del decreto 1581/2001 de Fernando De la Rúa, por el cual se impedían las extradiciones de militares argentinos por delitos cometidos en territorio nacional.
Además, el decreto publicado hoy ordena al Ministerio Público Fiscal que intervengan en los diferentes pedidos según lo dispuesto en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y Extradición.
En los considerandos de la nueva norma, se dice que con la derogación del decreto De la Rúa, al cual se considera inconstitucional, se busca retomar “la mejor tradición de respeto a los derechos humanos y de equilibrado juego de la división republicana de los poderes, estableciendo la necesidad del trámite judicial respectivo en caso de solicitudes de colaboración o extradición”.