Además de la causa de los crímenes en el Primer Cuerpo del Ejército reabierta el lunes por el pleno de la Cámara Federal que le tocó por sorteo, en su juzgado recayó también la causa por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), luego que la juez María Servini de Cubría se excusara de entender en el expediente.
La juez pidió no instruir la causa por la mala relación que mantiene con uno de los posibles imputados, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa (la querelló en un expediente y trabajó con ella en el mismo juzgado, con muy mala relación).
Fuentes judiciales explicaron que el juez Torres analiza la posibilidad de aceptar la excusación pero remitirle a cambio la causa del Primer Cuerpo, basado en una práctica de “compensación” entre juzgados que la Cámara Federal acepta para causas muy extensas.
En tanto, en la causa del Primer Cuerpo del Ejército, el fiscal Eduardo Freiler se aprestaba a pedir el procesamiento de unos treinta militares retirados o dados de baja, acusados de violaciones a los derechos humanos en varios centros clandestinos de detención de Capital Federal y buena parte de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de los mismos militares que fueron desprocesados por la Cámara Federal en 1987, tras la sanción de la ley de Obediencia Debida. En el listado figuran entre otros los coroneles Pedro Durán Sáenz y Jorge Raúl Crespi; el teniente coronel Antonio Minicucci y el policía Juan Antonio “Colores” Del Cerro, junto a algunos civiles, como Raúl Guglielminetti.
Freiler pediría también el procesamiento del ex teniente coronel Luis Enrique Baraldini, ex jefe de policía en La Pampa durante la dictadura. El represor quedó en libertad en mayo pasado luego que el ex presidente Eduardo Duhalde indultara a 17 civiles y 9 militares acusados de participar del levantamiento "carapintada" del 3 de diciembre.
Freiler pediría también que el juez Torres declare inconstitucionales los indultos con los que Carlos Menem benefició a los generales (R) Juan Bautista Saiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald y Jorge Olivera Rovere.
Denuncian por apología
En tanto el abogado Ricardo Monner Sans denunció a los generales (R) Ramón Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Harguindeguy por el delito de “apología del crimen” por las declaraciones formuladas a la televisión francesa en las que admitieron la existencia de desaparecidos y justificaron la implementación de la tortura durante la dictadura militar.
La denuncia, que recayó ante el juez Jorge Ballestero, dice que entre otros ilícitos los militares exaltaron “la privación ilegítima de libertad, torturas, sedición y atentados al orden constitucional y a la vida democrática”.
En el caso de Harguindeguy, Monner Sans no sólo lo denunció por apología del crimen, sino que también le pidió al juez Claudio Bonadío que los detenga en el marco de la causa por la desaparición de militantes de Montoneros en 1980.