De esta forma, Oyarbide se convirtió en el tercer juez propuesto que rechaza el expediente, aunque en cada caso las razones fueron distintas. El primero fue Sergio Torres, que se la envió a Servini de Cubría en “compensación” con la causa ESMA.
Después, Servini la rechazó por los vínculos personales de su marido (ex brigadier), y ella misma con imputados en el expediente, y la causa recayó en el juzgado de Torres, que la devolvió a la Cámara Federal porque ya tenía en su poder la causa ESMA.
Ayer, la cámara sorteó por tercera vez el expediente y recayó en el juzgado de Oyarbide, quien hoy en un resolución de 11 carillas a la que tuvo acceso Diariojudicial.com decidió rechazar las razones de Servini para excusarse.
“No se ha podido soslayar una sola circunstancia que en forma actual y cierta sea pasible de configurar una causal objetiva de parcialidad”, de la juez Servini, opinó Oyarbide.
El titular del Juzgado Federal añadió que “la circunstancia invocada” por Servini –su relación directa con la familia militar “no se encuentra comprendida en alguna de esas situaciones estándar en las que puede pensarse que su criterio pueda verse contaminado por cuestiones extralegales que permitan aseverar que su actuación frente al caso concreto sea parcial”.
Más adelante, el juez cita extensos párrafos del escrito excusatorio de Servini y concluye que en esa exposición “se indica que posiblemente su cercanía al ámbito militar podría causar temor de parcialidad en las partes” y luego que retruca que este temor como causal de exclusión “sólo puede ser invocado legítimamente” por el acusado, y no por el juez.
“Únicamente en ese supuesto es atendible el apartamiento de un juez”, remarcó Oyarbide y más adelante aclara que en su escrito Servini “no sostiene que ella obraría con parcialidad, sino sólo que posiblemente esa sospecha podría recaer sobre su persona”. Al no tratarse de una sospecha efectiva –concluye el juez- no debe hacerse lugar a la excusación.
Más allá de las idas y vueltas que demoran la tramitación de esta causa desde hace más de tres semanas, está pendiente un pedido de captura solicitado por el fiscal Eduardo Freiler, de 38 militares, policías, civiles y agentes penitenciarios que ya estaban procesados en el expediente antes de la sanción de la leyes de Punto Final y Obediencia Debida.