22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Caso AMIA: Memoria final

El gobierno de Carlos Menem fue "parte de la conexión local" del atentado a la mutual judía señaló el abogado de Memoria Activa, Pablo Jacoby al cierre de su alegato responsabilizando así a los aparatos del Estado argentino y culpando a los investigadores de querer dirigir voluntariamente la causa AMIA hacia la policía bonaerense por la batalla de poder entre Menem y Duhalde, sin dejar afuera al gobierno de Fernando De la Rúa.

 
El abogado Pablo Jacoby, en nombre y representación de Memoria Activa, acusó en la segunda jornada de alegatos al gobierno de Carlos Menem al opinar que “el gobierno menemista fue parte de la conexión local” del atentado contra la AMIA porque el presidente Carlos Menem no tuvo “la voluntad política” para avanzar en la causa, pero extendió a esas críticas a los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde porque “el encubrimiento continuó”.

En este sentido, aseguró que la acusación contra los ex policías bonaerenses, sentados en el banquillo fue en realidad el resultado de una "batalla de poder" entre Menem y Duhalde en vistas a las elecciones de 1995. "Menem no sólo no tuvo la voluntad política de avanzar en la causa sino que tuvo una actitud deliberada para no hacerlo" y no avanzar "en la pista siria por sus vínculos con esa comunidad, quizás por temor a las consecuencias comerciales con Irán, quizás por temor a un tercer atentado", completó.

Cumpliendo con lo esperado en su segundo día de alegatos, avanzó el letrado contra el Estado argentino explicando que “por acción u omisión” los funcionarios intervinientes en la causa fueron también responsables por “la violación de los derechos” de los familiares del las víctimas, en un claro cuestionamiento al extenso proceso judicial.

En este sentido, Jacoby citó textos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al responsabilizar al Estado, recordando hechos tales como la pérdida de escuchas telefónicas y la destrucción de videos clandestinos que capturaron imágenes del atentado, adjudicando directamente al gobierno menemista participación en el atentado.

Sobre el pago a Telleldín opinó el letrado que “fue una maniobra para dirigir la investigación contra la policía bonaerense, convirtiendo la causa AMIA en la variable de ajuste en la batalla de poder entre Menem y Duhalde”.

Por ello, el letrado culpó también al juez federal Juan José Galeano, por entender que dejó el caso en manos de funcionarios “incompetentes”, haciendo especial hincapié en el tiempo que ya lleva la causa y ejemplificando casos como el de los bomberos que intervinieron el día del atentado, que en un principio no habían sido citados a declarar.

En tanto, los alegatos proseguirán el próximo lunes, martes y miércoles, jornadas que serán dedicados a la mutual judía, a la DAIA, y los familiares de las víctimas.

Por su parte, Memoria Activa si bien finalizó su alegato en el día de hoy, señaló mediante un comunicado difundido en el cuarto intermedio, que “una vez más la investigación de la mayor masacre ocurrida en nuestro país en democracia, ha sido manipulada y usada impunemente para nunca llegar a la verdad”.

“No nos conformaremos jamás con la condena que hoy pedimos para Carlos Telleldín como partícipe necesario”, explica Memoria Activa, agregando que no los “tranquiliza la falta de pruebas contra integrantes de la maldita policía” y que los “asusta y ofende la obsecuencia con que la dirigencia comunitaria judía ha consentido una historia oficial prefabricada y espúrea”.

“Responsabilizamos al Estado Argentino, a través de sus funcionarios, a los ex presidentes Menem, Duhalde y De la Rúa, a ex Ministros, y al juez Juan José Galeano por no haber garantizado la seguridad de nuestros muertos y habernos quitado el derecho, a ellos y a nosotros, de que se haga justicia”, explican.

“Hemos perseguido la justicia durante casi 10 años y hoy, pese a los logros obtenidos en nuestra lucha, nos queda tristeza, un terrible dolor, vacío y una sensación de impunidad y de tiempo perdido difícil de superar”, en estos “3464 días, 493 semanas, 114 meses, 9 años y medio esperando una verdad y una justicia que sólo nos trajo, con una sola solicitud de condena, un minúsculo pedazo de este brutal rompecabezas”, finalizó el texto, opinando que a pesar de avanzar el proceso, los muertos “aún no podrán descansar en paz”.



dju / dju
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