En ese sentido, explicaron que con motivo de la propuesta pública de Argibay se dieron ciertas circunstancias cuya reiteración consideraron necesario “evitar” en ocasión de efectuarse la próxima propuesta para cubrir la restante vacante en el Máximo Tribunal.
De ese modo, las entidades, creadoras del proyecto Una Corte Para La Democracia, afirmaron que su postura es que una vez que el Gobierno oficialice la propuesta para cubrir la vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún cuando no se haya vencido el plazo establecido en el decreto para hacerlo, debe efectuar la propuesta “conforme lo previsto en este decreto, divulgando en forma inmediata los antecedentes del candidata/o y dando inicio a la etapa de consulta y participación ciudadana”.
Al respecto, las ONG´s Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores destacaron que es su fin que las mejoras que aseguren el correcto desenvolvimiento del procedimiento establecido en el decreto 222/2003, se cumplan.