La posibilidad de que Rohm abandone el modernoso edificio de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura (DIPA) está más cerca desde que la juez María Servini de Cubría le concedió la excarcelación bajo una caución real de 1 millón de pesos, que por ahora quedó trunca por la oposición de la Fiscalía.
Fuentes judiciales confirmaron que el defensor de Rohm, Alejandro Mitchell, presentó un pedido de excarcelación apenas se cumplieron los dos años de detención, amparado en el Pacto de San José de Costa Rica, que prevé ese plazo como tiempo máximo que un imputado puede pasar en prisión sin condena.
La juez Servini le dio vista al fiscal Jorge Di Lello (quien subrogaba a Luis Comparatore, de licencia) quien se opuso. Como alternativa, Di Lello propuso que Rohm pagara una caución real de 100 millones de pesos para acceder a la libertad.
La juez, por su parte, decidió otorgar la excarcelación por un millón de pesos pero el fiscal volvió a oponerse, por lo que la libertad del banquero del BGN quedó suspendida hasta que resuelva la Sala II de la Cámara Federal.
Precisamente, esa Sala confirmó en julio de 2002 el procesamiento con prisión preventiva de Rohm como “jefe” de una asociación ilícita que “institucionalizó un mecanismo paralelo dentro de una entidad lícita (el BGN) para sacar dinero del país vulnerando todos los controles estatales pudiendo conllevar ello posibles maniobras de blanqueo de capitales producto de evasiones impositivas”.
“Rohm era al menos uno de los jefes de esta organización, no solo por el efectivo manejo de la operatoria, sino a partir de que resulta claro que conocía perfectamente las distintas maniobras”, remarcaron los camaristas en aquel fallo.
En la misma causa hay otros procesados, como el ex gerente Félix Pando Casado, y continúa prófugo el presidente de la entidad José “Puchi” Rohm, contra quien la juez Servini de Cubría le libró orden de captura internacional.
Fuentes judiciales confirmaron que la Cámara Federal deberá resolver la oposición del fiscal “en los próximos días”, ya que rigen plazos perentorios porque se debe decidir sobre la suerte de un detenido.