La confirmación del procesamiento es parcial porque –tal como advierten los miembros de la Sala II- la derogación del artículo 6 de la ley 20.840, conocida como de “subversión económica” deja sin efecto ese tramo de la resolución de primera instancia.
Sin embargo, los camaristas le ordenaron a la juez que vuelva a evaluar las constancias del expediente porque hay “otras figuras defraudatorias más específicas que, desde un inicio, se vislumbraban como de posible aplicación al caso”.
En el duro debate parlamentario que concluyó con la derogación de la norma uno de los argumentos esgrimidos por quienes estaban a favor de ello era precisamente que muchos de los delitos contenidos en la misma ya figuraban en el Código Penal y por esa razón no podía sospecharse impunidad en el caso de su derogación.
Además, Irurzun, Luraschi y Cattani decidieron no hacer lugar a las nulidades interpuestas por la defensa del banquero, a quien le mantuvieron embargo de 100.000.000 de pesos ordenados en primera instancia.
Por otro lado, se confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Rufino Basavilbaso de Alvear y Adrián Darío Couce, dos funcionarios del Banco General de Negocios, por considerarlos “prima facie” miembros de una asociación ilícita. Sobre estos imputados, la Cámara confirmó el embargo de 50.000.000 de pesos.
El tribunal entendió que como la ley de subversión económica por la que Rohm había sido procesado por la juez es una "figura que ya no tiene vigencia", los hechos que se le imputan al banquero deberán tener un nuevo encuadramiento legal.
Al respecto, el Tribunal le ordenó a la magistrada que acredite los delitos que antes estaban incluidos dentro de esa ley, de acuerdo a las normas del Código Penal relacionadas con "figuras de defraudación más específicas".
En ese sentido, la Cámara destacó que "la derogación de la ley de subversión económica no puede convertir los distintos hechos por los cuales se decretara el procesamiento en actos penalmente irrelevantes".
De ese modo se confirma la postura asumida por los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, quienes aseguraron que con la derogación de la Ley de Subversión Económica no se cerraban las posibilidades de seguir investigando y mantener detenido a Rohm.
El tribunal no dudó en asignarle a Rohm el rol de "jefe" de la organización, ya que era él "quien tomaba las decisiones y dirigía la operatoria" de la entidad, que podría haber defraudado a más de 300 personas, según el fallo.
"Se logró institucionalizar un mecanismo paralelo dentro de una entidad lícita (el BGN) para sacar dinero del país vulnerando todos los controles estatales pudiendo conllevar ello posibles maniobras de blanqueo de capitales producto de evasiones impositivas", ratificó la Cámara.
Los magistrados hicieron referencia a que las "operaciones concretas de bonos, así como las relativas a créditos otorgados tanto en Uruguay como en Argentina a empresas del grupo y las atinentes a la forma de operar del BGN, provenían de directivas emanadas" de Rohm.
Por otra parte, el fallo precisó el funcionamiento paralelo de la Compañía General de Negocios S.A y su par uruguaya para realizar presuntas defraudaciones a eventuales clientes a través del desvío de depósitos, al sostener que se trata de una situación que viene ocurriendo desde hace más de 10 años.
En tal sentido, sostuvieron que Rohm "conocía perfectamente las distintas líneas de maniobras, así como también la estructura de la organización", porque además era un "accionista importante" de todas las entidades financieras del grupo: accionista y vicepresidente del BGN, accionista y director de la CGN SAIFE, vicepresidente del Banco Comercial, accionista y apoderado de San Luis Financial y accionista y director del Nuevo Banco Santa Fe.
"Todos estos elementos permiten afirmar que Rohm era al menos uno de los jefes de esta organización, no solo por el efectivo manejo de la operatoria, sino a partir de que resulta claro que conocía perfectamente las distintas de maniobras".
Por esta causa aún continúa prófugo el presidente de la entidad José "Puchi" Rohm, a quien la juez Servini de Cubría le libró orden de captura internacional.