De esta forma, Ballestero se adelantó al juez Jorge Urso, quien había decidido citar a Suárez Mason para mañana, para que explicara si se había ausentado de su domicilio, tal como lo reveló anoche la Cancillería, que denunció la salida no autorizada de Suárez Mason de su domicilio, en la avenida Santa Fe al 1100 de la Capital Federal, con la ayuda del embajador de Ecuador en Buenos Aires, Germánico Molina.
Molina admitió ante el canciller Rafael Bielsa que visitó a Suárez Mason, pero negó haberlo trasladado en su automóvil particular a una celebración de cumpleaños organizada para el represor en el Club Argentinos Juniors.
Sin embargo, en el Poder Ejecutivo dieron por probado el incidente y reclamaron a Ecuador que retire a su embajador –también ex militar- lo que el país andino cumplió sin demoras: Molina viajaba esta tarde rumbo a Quito.
Lo cierto es que el costado judicial de este escándalo diplomático se caía de maduro y no tardó en llegar. Antes de la decisión de Ballestero, los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler, en un escrito al que tuvo acceso Diariojudicial.com, se basaron en versiones periodísticas para pedirle al juez Urso la revocatoria de la preventiva y remarcar que el ex militar debe ser enviado “a una cárcel común”.
Además, los fiscales pidieron la declaración testimonial del canciller Bielsa, quien habría recibido las explicaciones del embajador ecuatoriano. Tal como trascendió a la prensa, Molina le habría dicho al canciller que él no concurrió a la fiesta de cumpleaños de Suárez Mason, pero que vio al militar subir al auto de otra persona.
Por otro lado, los fiscales pidieron que el incidente se estudie por separado para determinar si existió algún otro delito además de la violación a la prisión domiciliaria, cometido por el embajador, Suárez Mason o alguna otra persona, se explicó.
Un largo rosario de detenciones
En el juzgado federal 7, a cargo transitoriamente del juez Urso, se tramita la primera causa por la que el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército quedó detenido y procesado, en 1999, por el plan sistemático de apropiación de bebés hijos de desaparecidos.
Después, en setiembre de 2002, fue procesado –también con preventiva- por el juez Claudio Bonadío, por la desaparición de una veintena de militantes montoneros durante el último tramo de la dictadura militar. Ya en 2003, el juez Norberto Oyarbide lo condenó a una pena de 3 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por apología del delito y violación a la Ley Antidiscriminatoria.
También, hace poco más de una semana, Suárez Mason quedó detenido preventivamente a pedido de la Justicia de Alemania, donde buscan extraditarlo por la desaparición de dos ciudadanos de ese país en Buenos Aires, durante los primeros meses de la dictadura militar.
Fuentes judiciales explicaron que basta con que uno sólo de los jueces resuelva revocar el arresto domiciliario para que Suárez Mason vuelva a una unidad carcelaria, aunque otros informantes consultados entendieron que debe ser Urso, a cargo del primer expediente donde quedó detenido, el que tome la decisión y –llegado el caso- interrogue a Suárez Mason para escuchar su descargo.