Fuentes judiciales confirmaron que la medida fue ordenada, a través de un oficio, por el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y causó “enorme preocupación” a los representantes del Ministerio Público. “Nos sentimos desamparados” dijo uno de los afectados que pidió reserva de identidad.
Cerca de los fiscales se consideró “contradictorio” que mientras el presidente Néstor Kirchner en su mensaje a la Asamblea Legislativa del lunes último consideró “una razón de Estado” la causa AMIA, Quantín adopte esta decisión junto en momentos decisivos del juicio: los alegatos donde ya se formularon durísimos pedidos de condenas.
Las fuentes explicaron que ya enviaron un oficio dirigido al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y a la Procuración General de la Nación para pedir que se revea la decisión.
Cada uno de los fiscales tiene asignados dos efectivos en forma permanente, que se movilizan en autos y los acompañan desde su domicilio a la fiscalía y a cualquier otro trámite que deban realizar en la calle.
En el caso de Romero, efectivos de la DDI de San Isidro le notificaron personalmente que no contará con la custodia a partir del sábado, mientras el resto de los fiscales se enteraron por los oficios girados a las comisarías porteñas con jurisdicción en sus domicilios.
Por otro lado, trascendió que la desafectación de custodias permanentes alcanzaría además a otros funcionarios judiciales, aunque al cierre, por caso, los jueces del Tribunal Oral del caso AMIA mantenían la custodia que se les asignó al comienzo del juicio.