En su sentencia el magistrado afirmó que según la Constitución estadounidense, ni los estados o sus instituciones habían excedido su autoridad o violado los derechos al establecer sus políticas de exclusión.
Pero, a pesar del duro fallo, el juez deslizó que se podría declarar inconstitucionales dichas políticas de admisiones “si se comprueba que una institución evadió los estándares federales para determinar el estatus del solicitante”.
Las controversias comenzaron en 2002 cuando el procurador del estado de Virginia, Jerry Kilgore, pidió a los centros de educación superior que no admitieran indocumentados y les solicitó reportar los casos a las autoridades federales.
Esta medida fue atacada por varios grupos y particulares que bregan por el acceso a la educación universitaria de minorías indocumentadas, que por lo general han vivido en EEUU durante su niñez y se han esforzado para graduarse.
Según trascendiera, uno de los demandantes se graduará de secundaria este año y tenía pensado ingresar a la Universidad de Virginia en septiembre; mientras que el otro joven busca justicia y pide a las universidades de Virginia Tech y George Mason que revoquen la decisión que tomaron en su contra el año pasado.
Las leyes de los Estados Unidos establecen que el gobierno debe proveer a todos los niños el derecho a una educación gratis desde primaria hasta secundaria, pero no dispone las mismas garantías para estudios superiores.
Es por ello que varias organizaciones aunaron esfuerzos a fin de que EEUU se apruebe lo que ellos impulsan como Dream Act donde se contempla el permiso para ingresar a las universidades a estudiantes sin status migratorio.