LO DE SIEMPRE. Como un latigazo mediático, el tema de los violadores pareció emerger nuevamente como noticia de actualidad. Los ojos nuevamente se vuelcan hacia la justicia que no ha sido capaz de mantener a los culpables entre rejas o de disuadir con terribles penas a quienes en el futuro planeen transitar el oscuro camino del delito sexual. Juicios políticos promovidos por legisladores contra jueces que aplican la ley que esos mismos legisladores sancionaron, escraches radiales y televisivos de la mano de escandalizados periodistas, encuestas obvias a favor de aumentar las penas... puro ruido de fondo para un tema de difícil solución no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo. ¿Qué hacer con los violadores? ¿Se trata de enfermos con una compulsión imposible de frenar para los que no hay sanciones disuasivas que alcancen? El tema divide aguas en materia de política criminal. A veces es más fácil defender los derechos humanos de un homicida que de un violador. La característica estigmatizante del delito, hace que el abanico de sanciones posibles vaya desde las propuestas de castración química, hasta la inclusión en un registro barrial accesible a los vecinos, pasando por propuestas de reclusión por tiempo indeterminado. Justamente, hace pocas horas la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley el proyecto que priva de los beneficios de salidas anticipadas y laborales a los condenados por delitos sexuales. Es parte de la “respuesta rápida” que tienen casi siempre nuestros políticos ante el aguijoneo mediático: un simple mecanismo de acción y reacción ya que hace falta que algo sea tema de tapa para que se ocupen. Así las cosas, quien vio la oportunidad política para reaparecer en un escenario copado por el poder K, es el siempre sonriente Carlos Ruckauf, que aprovechó este tema tan sensibilizante para Doña Rosa para emerger de las sombras mediáticas con un proyecto de crear un registro nacional de violadores. En los temas jurídicos, el ex gobernador bonaerense estuvo bien asesorado (este tipo de registros es la solución que se da en muchos países del llamado primer mundo a este tema tan espinoso), por su ahora colega de banca y ex mano derecha en temas de justicia, Jorge Casanovas. El ex camarista pese a tener un aceptable rendimiento en el Consejo de la Magistratura podría ver peligrar su silla en el organismo si luego del paso del cortista Vázquez y el defensor general Miguel Ángel Romero por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el tucumano Falú decidiera trasladar las guillotinas a su cargo desde el Congreso hasta el Consejo.
ESPEJOS: Hechos similares pero con distintos contextos no siempre reflejan la misma imagen. Eso es lo que pasa muchas veces con acontecimientos que producidos en algún punto del interior del país, luego se reproducen en la capital con ruidos distintos. Uno de esos casos es el siempre conflictivo tema de los ajustes salariales para el Poder Judicial, donde atado al presupuesto de cualquier provincia o de la Nación, derivan instantáneamente en problemas de resonancia política. Prueba de ello es el enfrentamiento que viene sosteniendo el gobernador de Mendoza con los magistrados de su provincia, ya que le cayó como un baldazo de agua fría la multitudinaria presentación que los hombres de la toga presentaron en el terreno que mejor manejan: los tribunales. Será por eso que el mandamás mendocino no dudó en salir con los tapones de punta, descontando que cuando los jueces juegan de local y en defensa de sus propios intereses, si no se logra una contraofensiva mediática de alto impacto, es muy probable que lleve las de perder. Tratando de enfrentar a los jueces con la gente, Cobos espetó que “los reclamos de los jueces no se ajustan a la realidad que vive el resto de los mendocinos", sin tener en cuenta que la mayoría de los empleados privados en relación de dependencia, sí cobraron aumentos de similar tenor. Es que el gobierno de la tierra del buen vino debería destinar la friolera de siete millones de pesos de su presupuesto para afrontar el pago a los magistrados demandantes (unos 150), por lo que el mendocino salió a defender los bolsillos provinciales a capa, espada y declaraciones. En un alarde de voluntarismo perlocutorio (Austin dixit para los que saben de lingüística) , el ministro del Interior, Aníbal Fernández, apoyó a Cobos en su compulsa durante su discurso con motivo de la Fiesta de la Vendimia: "en el país la indexación no existe; en la Argentina nadie indexa nada". Hablar y hacer botellas que le dicen. Además, y cómo nunca falta quien redobla la apuesta, el intendente de San Rafael, Omar Félix, adelantó que “si el Poder Judicial no toma conciencia de la situación de la provincia, se apoyará hasta un Jury de enjuiciamiento”. Lo que pocos conocen es que una legión de funcionarios de la justicia nacional ya promovieron centenares de presentaciones reclamando ajustes en sus remuneraciones por liquidaciones defecuosas en sus haberes que tendrían un arrastre de por lo menos diez años. Algunas de ellas, las últimas, incluso hacen mención al defasaje en sus haberes producido por la devaluación (de paso cañazo). Como saben que es un tema sensible e irritante, quienes manejan estos datos sólo se animan a pronosticar que la cosa está verde y mucho tiempo durará. Pero que aún afilando el lápiz los sueldos de los jueces tendrían que al menos duplicarse según los cálculos más conservadores.