El documento, al que tuvo acceso Diariojudicial.com destaca que mediante el Decreto n°1075/2003 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la rescisión del contrato de concesión del servicio oficial de correos, por culpa de la concesionaria Correo Argentino S.A.
Asimismo, se menciona que el 11 de diciembre de 2001el Poder Judicial de la Nación formalizó con la ex-concesionaria el contrato de locación del inmueble ubicado en la Avenida San Martín número 678, (pisos 3° y 4°), de la ciudad de Mendoza.
Ese contrato fue autorizado en razón del fracaso de una licitación pública para lograr un inmueble para el asiento de la Secretaría Electoral de Mendoza, que es el organismo que actualmente ocupa algunos pisos del edificio reclamado.
Según se destacó, la medida tuvo que ser adoptada ante infructuosas gestiones para obtener del Estado Nacional -Secretaría de Comunicaciones- la asignación del bien a título gratuito.
Fue entonces, la Administración General del Poder Judicial de la Nación, quien solicitó, que se dispusiera la tenencia del inmueble para uso de la Secretaría Electoral, pues, por ese entonces la concesionaria había ofrecido el mismo en cesión, pero a título oneroso.
Así, las cosas esa solicitud nunca fue contestada, a pesar de que se pusieron en conocimiento las pretensiones económicas de la concesionaria, y que frente a ellas tenía primacía "satisfacer un interés institucional de orden superior, que radica en la necesidad de procurarlo para la administración de la justicia electoral."
Finalmente, el contrato de locación se concertó por el plazo de cinco años, a contar con la aprobación del Estado Nacional, en su carácter de concedente, lo que tuvo lugar a través de la resolución n° 5 de fecha 10 de mayo de 2002 de la Secretaría de Comunicaciones, de la cual resulta que el inmueble pertenece al Estado y que fue cedido en comodato al ex-concesionario.
De ese modo, para la Comisión en razón de la extinción del contrato de concesión del servicio oficial de correo por rescisión, no caben dudas de que Correo Argentino S.A. carecía de títulos para continuar con un contrato de locación cuyo objeto es un bien del dominio del Estado Nacional.
A raíz de esos hechos, la Administración del cuerpo le propuso al Plenario denunciar ante la Secretaría de Comunicaciones el contrato de locación del inmueble y solicitar la asignación de su uso a título gratuito para al Poder Judicial con el fin de que funcionen la Secretaria Electoral y el Juzgado Federal Número 2 de Mendoza.