Según el documento, que contiene cuatro artículos, debería ser la Secretaría General la encargada de llevar el Registro de Seguridad y Vigilancia, en el que se adjuntarán las solicitudes efectuadas para la custodia de magistrados y funcionarios.
Por su parte, la Comisión de Labor evaluará la procedencia de la solicitud de custodia, contando para ello con la asistencia técnica de la Policía Federal Argentina que, mensualmente, deberá informar al Consejo de la Magistratura -por conducto de la Secretaría General-, la evolución de las razones que sugieran el mantenimiento de dichos servicios.
Asimismo, la resolución que asigne la custodia solicitada, deberá contener la individualización detallada y precisa de los efectivos asignados y el período comprendido y será notificada por la Secretaría General dentro de los cinco días de haberse dictado.
La norma, en cuestión debió ser abordada durante el último plenario, pero los consejeros decidieron aplazarlo, hasta el próximo, aunque fuentes consultadas adelantaron que el mismos sería aprobado en el próximo encuentro.
Ante este panorama, se extendieron nuevamente y hasta fines de agosto las custodias para jueces y juzgados, que habían sido suspendidas por la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación, y prorrogadas por el Consejo de la Magistratura.