El proyecto de la moderna alcaldía también cuenta con varias celdas individuales para la internación de personas en crisis, como son los casos de drogas y alcohol; una sala médica con una capacidad de seis camas; un salón de usos múltiples, el que podría ser utilizados para llevar adelante un juicio oral y público o conferencias; y un sector de oficinas para uso del Servicio Penitenciario bonaerense, entre otros.
El tratamiento carcelario para las mujeres y hombres mayores de edad estará a cargo de las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras que la Secretaría del Menor y la Familia se hará cargo de los varones menores de edad.
En declaraciones periodísticas, Di Rocco diferenció una alcaldía de la cárcel al señalar que en estos institutos quienes se encuentran privados de su libertad “no reciben el tratamiento que hay en una unidad carcelaria” ya que es un lugar de detención de tránsito y hasta que la justicia defina la situación del privado de su libertad.
En vista a estos resultados, se denota una iniciativa favorable del gobierno bonaerense respecto de la situación de las personas privadas de su libertad en comisarías y establecimientos policiales siendo la construcción de la alcaldía un punto de extrema importancia para hacer frente a estas dificultades.
Hábeas corpus colectivo
Al respecto cabe tener presente, un hábeas corpus colectivo interpuesto por el CELS, cuyos autos "Verbitsky Horacio (representante del CELS) s/Habeas Corpus" se encuentran a estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego del dictamen favorable del Procurador General de la Nación, el 9 de febrero último.
El CELS accionó en amparo de todas las personas privadas de su libertad en territorio bonaerense, que se hallaren detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas detenidas en tales lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados.
Señaló que al mes de octubre de 2001, en las 340 comisarías que funcionan en el territorio bonaerense y que poseen una capacidad para 3178 detenidos, se encontraban alojados en ellas 6364 personas. Asimismo reflejó que esta situación se veía agravada en el conurbano bonaerense donde 5080 detenidos ocupan 2068 plazas.
El Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra admitió el recurso intentado expresando que “asiste razón al recurrente”, por lo que el CELS se “halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en representación de las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Nacional.