El tribunal oral federal nº 3 comenzó a escuchar las últimas palabras de los principales imputados por el atentado, como paso previo a dar a conocer su veredicto que se estima será en los primeras días del mes de septiembre.El primero en pasar al estrado fue el reducidor de autos Carlos Tellleldín quien se quejó de haber pasado “diez años detenido injustamente” por un hecho del que es “ajeno” y solicitó al tribunal que levante la “inhibición de sus bienes” para que pueda donarlos al Estado en concepto de devolución por los 400 mil dólares que cobró antes de imputar a los policías bonaerenses en el ataque. “Soy inocente, lo dije en todo momento, no tengo nada que ver con esto”, aclaró Telleldín quien acusó a los dirigentes de la comunidad judía de haber promovido la detención de los acusados “para mantener viva esta causa”. A su turno el ex comisario Juan José Ribelli también cargó duramente contra la AMIA y la DAIA y los fiscales de la causa y sostuvo que durante los casi tres años de debate quedó probada su “inocencia” y que “los policías no somos la conexión local”. Las críticas y los pedidos de justicia se sucedieron luego con la declaración de los ex policías Raúl Ibarra, Anastecio Irineo Leal, Mario Bareiro y Marcelo Albarracín quienes aprovecharon la ocasión para hacer manifestaciones de índole personal y agradecer a sus defensores la tarea desempeñada en el expediente. Ampliaremos.
Entrevista
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Enrique Petracchi y Augusto Belluscio, presidente y vice del alto cuerpo respectivamente, se entrevistaron con el Jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Valleca y el sub jefe de la fuerza, Jorge Criolo, en el marco de una visita de carácter protocolar. Según informaron desde la Oficina de prensa del tribunal los funcionarios policiales fueron recibidos por los ministros en el marco de un encuentro que se pactó hace unos días luego del nombramiento de éstos por parte del presidente Néstor Kircher. La reunión se celebró en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en donde se conversó durante algunos minutos sobre temas referidos a la justicia y a la seguridad nacional.
Sanción
Fue aprobada en el día de ayer por la Cámara de Diputados una modificación al Código Penal, que establece que de ahora en más se podrán castigar con hasta 50 años de cárcel aquellas personas a las que se les sumen penas por distintos delitos comunes. Asimismo, la libertad condicional para estos casos podrá pedirse recién al cumplir 35 años en la cárcel. Además, en casos de delitos aberrantes, tales como el secuestro o la violación seguida de muerte, no regirá este beneficio. Para lo cual el texto de la ley reza en un solo artículo de la siguiente forma: "Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor, y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de cincuenta años de reclusión o prisión".La ley se aprobó mediante el voto afirmativo de los dos tercios de los presentes en la Cámara de Diputados, aunque éstos habían insistido con la redacción original de la norma que había sido parcialmente modificada por la Cámara Alta. El texto definitivo aguarda ahora la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa del proyecto fue presentada en el año 2002 por el diputado justicialista Jorge Casanovas, y consensuado con otro reciente de la diputada Mirta Pérez. Asimismo, ésta fue una de las pretensiones del petitorio elevado al Congreso por el Ing. Juan Carlos Blumberg en la marcha de abril de este año.
Excarcelación
La Cámara décima del Crimen de la provincia ordenó la liberación de la ex juez Juana Ramírez, detenida desde hace un mes por presunta tenencia ilegal de armas y acopio de municiones. Ahora la ex magistrada jubilada, deberá esperar que se expida la justicia federal por una causa paralela que lleva adelante ese fuero también por el acopio de armas y municiones que realizaba en su campo donde había montado un negocio de caza de palomas. Ramírez, que luego de jubilarse como camarista se dedicó a la recepción y atención de turistas que practicaban la caza de palomas doradas en el norte cordobés, estaba detenida desde el 3 de julio pasado por disposición del fiscal de Villa Carlos Paz, Gustavo Marchetti. La ex jueza apeló en su momento la decisión del fiscal Marchetti, pero el juez de control Esteban Díaz rechazó el pedido de la acusada, al entender que además de los presuntos delitos que se le imputaban, se agregaba la posibilidad de que también estuviera incursa en el de asociación ilícita. Según precisaron fuentes tribunalicias, la excarcelación dispuesta por la Cámara, se hará efectiva si la Justicia federal coincide con esta resolución y no impide que siga adelante el proceso penal iniciado contra la ex jueza.
Jurados
Con el acto de asunción realizado este miércoles en el Concejo Deliberante, quedó formalmente constituido el jurado de enjuiciamiento municipal, integrado por nueve miembros, quienes tendrán la misión de juzgar la conducta de funcionarios y ediles que resultaren denunciados. El jury está integrado por María Susana Paz Marzari, Mariela del Valle Trejo, Eduardo José Llugdar, Antonio Matach, Julieta Emilia Rodríguez Ortega, Nilda Beatriz Elías, Luis Ariel Domínguez, Facundo Sayago y Eduardo López Alzogaray. El presidente del Concejo, Julio Alegre, expresó que se puso en funcionamiento por primera vez un instituto establecido por la Carta Orgánica Municipal, que estaba contemplado en la reforma de 1995. Alegre explicó además que el cargo en jurado de enjuiciamiento es ad honorem, irrenunciable e irrevocable y “cuando alguno de ellos pudiera faltar se le aplicará una multa que irá destinada a la asistencia social”.
Protesta
Un sector de trabajadores judiciales de San Luis protestó en el hall de ingreso al edificio de Tribunales en rechazo por el reconocimiento a una de las tres organizaciones gremiales de la provincia. Los judiciales ocuparon el salón principal aunque no se produjeron incidentes y paralizaron las actividades. El Superior Tribunal de Justicia reconoció como único gremio interlocutor válido al Sindicato Judicial Provincial, encabezado por Manuel González, por lo que los empleados agrupados en la Asociación de Trabajadores de la justicia de San Luis, que lidera Daniel Paredes, cumplieron la protesta. Por su parte, los Trabajadores Judiciales Autoconvocados, el tercer gremio del sector, se solidarizó con Paredes. Esos sindicatos reclaman una recomposición salarial y el reconocimiento de las entidades gremiales y de los resultados de los exámenes para ascensos, entre otras reivindicaciones.