Ahorristas cordobeses que sufrieron la incautación de sus depósitos con el "corralito financiero" y abogados del foro local anunciaron hoy en esta ciudad, durante un acto de protesta, que concurrirán a la Corte Interamericana de Justicia para reclamar por sus derechos y que pedirán juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Adonis Molina Herrera, abogado y profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo que "con lo fallado en el caso Cabrera, la Corte Suprema ha desconocido nuestra Carta Magna y las leyes, quedando tipificada la causal de juicio político". El letrado también señaló que "como representantes de los ahorristas despojados de sus depósitos, concurriremos a la Corte Interamericana para hacer valer los derechos de nuestros defendidos". Según el Foro de Abogados contra el Corralito, una entidad de reciente formación, "el fallo Cabrera es el resultado de las presiones ejercidas por los bancos y los intereses extranjeros, como el FMI, contrarios a los derechos de los ciudadanos". La resolución apunta, según el Foro, a "desalentar" el reclamo por la diferencia de cotización "de todos aquellos que impusieron sus ahorros bajo el amparo de una norma nacional de orden pública, la Ley de Intangibilidad de los Depósitos, que garantiza en su moneda de origen los depósitos en moneda extranjera". Los abogados cordobeses advirtieron que "hoy los bancos amenazan con embargar los propios dineros de los ahorristas, devueltos mediante medidas cautelares, amparándose en este insólito fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Rechazo
Las autoridades pampeanas de Alternativa para una República Igualitaria (ARI) rechazaron las reformas al Código Procesal Penal impulsadas por el Gobierno provincial por considerar que sólo pretenden "judicializar a las familias" y no terminar con la impunidad "poniendo presos a los ladrones de guante blanco”. Al conocerse que la propuesta elevada por el Ejecutivo a la Legislatura provincial -la cual establece que los padres serán responsables ante la ley por las conductas de sus hijos- ya cuenta con el dictamen favorable del bloque de diputados justicialistas, el ARI emitió un documento titulado "El autoritarismo victimiza a los más débiles". En el documento se dirigieron en duros términos al titular de la cartera de Gobierno y Justicia de La Pampa, Juan Carlos Tiernos expresando que "primero hay que terminar con la impunidad" y que "el Gobierno tiene la principal responsabilidad en ello".
Denuncia
El sindicato de los trabajadores judiciales acusó ante la Justicia federal a la secretaria de un juzgado de "comportamientos persecutorios gremiales". En una denuncia presentada ante el juez federal Pedro Navarro, el gremio acusó a la secretaria del fuero civil, Nora del Tránsito Barrionuevo, por "acoso laboral" y por "reiterados comportamientos persecutorios". La denuncia presentada por el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, y señala a la secretaria del fuero civil del juzgado federal de Catamarca, Nora del Tránsito Barrionuevo, como ejecutora de permanentes "acosos laborales a empleados de la institución". La denuncia señaló que "el trato de la secretaria Barrionuevo es descomedido, con permanentes injusticias, arbitrariedades, con continuas faltas de respeto y maltrato diario". Piumato justificó la denuncia al señalar que "luchamos por los derechos de los trabajadores judiciales porque no podemos mirar para otro lado ante las injusticias y los manejos arbitrarios de aquellos que ocupan distintos lugares de poder".
Plan integral
El gobierno de Córdoba por medio de su secretario de Seguridad, Carlos Alesandri reclamó al Poder Ejecutivo Nacional las puesta en marcha de un "plan integrador" que abarque a todas provincias, ya que mencionó que el actual sólo apunta a la lucha contra la delincuencia en Capital Federal y el conurbano bonaerense. En ese sentido, Alesandri afirmó que espera que se pueda elaborar un plan que integre a todas los actores para optimizar los recursos humanos y materiales que tienen las provincias y la Nación. Por su parte, la gestión del gobernador José Manuel de la Sota lanzó un plan de informatización de la Policía, y anunció la adquisición de nuevos vehículos para los cuerpos antisecuestros, más la elaboración de una "megaley" de seguridad.