El expediente pasará ahora al Procurador General de la Corte para que opine sobre el caso y luego volverá al máximo tribunal de la Nación para que resuelva sobre la cuestión de fondo. Los 135 jueces reclaman una indexación salarial de 50.000 pesos, en promedio, cada uno, que surge de un acuerdo por un aumento de sueldos al que llegaron en 1986, con el entonces gobernador Felipe Llaver.
El conjuez mendocino Luis Horacio Cuervo, ya había dispuesto los embargos a las cuentas oficiales y ordenado al Ministerio de Hacienda concretar las liquidaciones para hacer efectivo al pago de lo adeudado. La suspensión de la medida fue informada por el asesor de Gobierno, César Mosso Giagnini. La Corte Suprema era una de las últimas instancias de apelación que tenía el gobierno de Julio Cobos.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, mediante una acordada, invitó a los jueces litigantes "a desistir de su reclamo salarial". Además, Cuervo rechazó el pedido de levantamiento del embargo solicitado por asesores judiciales del gobierno, quienes elevaron la queja a la Corte de Justicia de la Nación.
El tema recibió también las críticas del arzobispo de Mendoza, monseñor José María Arancibia, para quien en la provincia no hay equidad social, en alusión al pedido de indexación salarial planteado por los jueces. “Cuando se plantea lo que cada uno merece o necesita, uno se da cuenta que hay una desproporción entre unos y otros", agregó Arancibia en declaraciones periodísticas.