In Voce

CONTRACULTURA. En plena euforia rosarina por el Congreso de la Lengua, todas las miradas se dirigen al palacete de Alvear y Rodríguez Peña. Es que la señorial mansión, sede de la Secretaría de Cultura de la Nación, aberga el espécimen más díscolo de la gestión K. Pero el mayor pecado de Torcuato Di Tella quizá no resida en sus boutades mediáticas. Se animó a tildar de putas y boludas a quienes se encargan de la conducción formal del Fondo Nacional de las Artes, logrando con su lenguaje y actitud horrorizar al establishment culturoso del país que se apuró a criticarlo con ganas. Así y todo es justo reconocerlo, recibió el apoyo de ciertos sectores progresistas que le reconocen la virtud de haberse animado a decir lo que ellos siempre pensaron pero callaron por años. Pero el mayor pecado de Di Tella no ha sido ese, sino el que obviamente, como corresponde a esta columna, produjo en el terreno judicial y que permite tildar al Secretario de Cultura como un funcionario absolutamente irresponsable. Porque usar el denuncialismo y el derecho penal para sacarse de encima un par de cosquillas mediáticas, no merece otro calificativo. El tema en cuestión tiene que ver con la denuncia que por supuesto contrabando de obras de las culturas precolombinas realizaron sus funcionarios dependientes ante las oficinas de INTERPOL. Lo llamativo y vergonzoso es que al ser convocados por la justicia para que ratificaran y ampliaran su denuncia, de manera uniforme afirmaron que no contaban con ninguna prueba para impulsar la investigación penal, reconociendo que la denuncia la hicieron por expresa indicación del Secretario de Cultura. Por supuesto, al toque, Di Tella fue citado. Recién ahí, cuando recibió la cédula para el comparendo se dio cuenta que estaba metido en un lío porque no solo después no aportó ningún elemento a la causa, sino que casi ejerciendo una defensa daba cuenta que cuando sus funcionarios dijeron que él había dado la instrucción, se referían a que dijo “hagan lo que tengan que hacer”. Por supuesto, más allá del papelón de llevar a la justicia controversias propias de la función –parece que Di Tella le había dicho al coleccionista privado que ofrecía hacer un museo con las piezas por las cuales él luego lo denunció, que esas cosas de los indios no les interesan a nadie-, la amarga moraleja que deja la actitud del funcionario es que promovió la causa cuando advirtió que la prensa había metido sus narices en su decisión de no promover el museo. Con el contraataque judicial Di Tella logró cambiar un titular de La Nación, poniendo el foco de la cuestión en un presunto contrabando de exportación, en el que la Secretaría de Cultura mostraba un patriótico interés en defensa de los valores del patrimonio histórico americano. Y todo a costa de la justicia, a la que no le sobran recursos y a la que muchos funcionarios usan de canilla para enjuagar los frutos de sus propias torpezas, o para conseguir un espacio de publicidad gratuita en los medios.

ESTADISTICAS. Pero Di Tella no es el único jugador al que se le pueda achacar el uso deportivo del derecho penal. Nacida al calor de la Alianza, esta modalidad se expandió a todos los sectores y partidos. Siempre se dice que el derecho penal es la última instancia para dirimir los conflictos, pero eso ya es historia antigua. Ahora cualquier diferencia de criterio o de intereses puede contar con un delicado hilván como para ser presentado ante un juez de instrucción. El código penal a esta altura ya es de goma. Pero el tema del denuncialismo es pan (mucho pan) para hoy y hambre para mañana. Es que en la búsqueda de la justicia instantánea nada rinde mejores y efectistas frutos que una denuncia bien puesta en el diario de la mañana, juzgada en los flashes de las radios durante toda la jornada y sentenciada a la noche en los programas periodísticos de TV. Claro está que pasado el tiempo y tamizadas las estridentes imputaciones iniciales, muchas veces quedan archivos, sobreseimientos y prescripciones para todos los gustos. Este sistema de justicia mixta: tribunales + medios, motorizado por profesionales del clipping (adjuntan dos palabras a los recortes de diarios que acompañan sus presentaciones ante los tribunales), genera productos de real valor agregado. Los medios tienen mercadería, los denunciantes tienen prensa y los tribunales mucho laburo. Justamente como al mundo lo gobiernan los números, se pueden tomar como ejemplo las últimas estadísticas de los tribunales nacionales a las que esta columna tuvo acceso. Así, el fuero por excelencia receptor de las denuncias vinculadas al mundo de la política y los funcionarios descarriados, la catedral federal de Comodoro Py, muestra de que cada 100 causas ingresadas en el año 2003, sólo un promedio de 2,63 resultaron elevadas a juicio oral y público. El problema después lo tienen los jueces para justificar los magros resultados que muestran las estadísticas donde un pequeñíiiiisimo número de las causas que les ingresan logran llegar a buen puerto. La culpa es del chancho y del que le da de comer.

PREOCUPACION. Es la que mostró el fiscal Cearras durante la semana que pasó. De bajo perfil, y alta productividad, el titular de la fiscalía federal Nº 7 denunció que el domingo 14 de noviembre alguien ingresó a su despacho, usó su computadora, revolvió sus cajones y se fue sin que nadie lo vea. Esta situación insólita la detectó el mismo fiscal el lunes 15 apenas prendió su computadora. Rápidamente se dio cuenta que estaba borrado el historial, es decir, el registro de las páginas visitadas en internet. Al comprobar que un intruso estuvo en su despacho, el fiscal se comunicó con la empresa de teléfonos para que le dieran un informe completo de lo que había sucedido. Gracias a ese informe pudo detectar que alguien estuvo conectado a internet desde su máquina entre las 16 y 17.15 de ese domingo. Además se enteró que la persona visitó una página pornográfica y un sitio de una organización en EEUU. Inmediatamente, Cearras realizó la denuncia formal que recayó en el juzgado del juez federal Ariel Lijo. Además de ser visitado por gente del área de seguridad informática de la Polícia Federal, quienes le dieron algunas pistas sobre el hecho, Cearras solicitó un rastreo de micrófonos en todo el despacho, lo que se hizo sin resultado positivo. No había micrófonos, no se robaron nada, pero usaron la computadora de un fiscal federal, que entre otras causas importantes investigó el escándalo de IBM-Banco Nación que también roza a una importante firma de auditorías contables y consultoría de fama internacional y origen anglosajón y a varios ex funcionarios de pasados gobiernos. El estratégico quinto piso que alberga a los más temidos acusadores públicos, debería ser uno de los lugares mejor custodiados de la justicia pero en todos lados se cuecen habas, si no que lo diga Kirchner con el visitante que tuvo en Olivos hace unas semanas. ¿Intencionalidad política, curiosidad judicial o alguien necesitado de afecto? Por otra parte, ¿para cuándo se vienen los juicios orales contra en los temas de la big blue?

alejandro s. williams / dju