Por un lado, la discusión se limita a la necesidad de regular la ley 25.871. Aquellos jueces que no la aplican argumentan que es necesaria la reglamentación; en cambio otros dicen que puede ser aplicada aunque no está reglamentada.
Para el fiscal de Ejecución Penal Oscar Hermello, “la regulación no es relevante para que la ley pudiera ser aplicada”. Hermello destacó el incumplimiento de la regulación y de los plazos previstos para ello cuando se sancionó en 1995 la ley 24.660. Este criterio coincide con lo dicho desde la Dirección Nacional de Migraciones. Según fuentes de esa repartición, que depende del Ministerio del Interior, la reglamentación que necesita el artículo 64 para ser aplicado, a diferencia de otros artículos, es “mínima”.
Por otro lado, el debate se centra en la constitucionalidad o no de la Ley de Migraciones. Para Hermello, la ley “daña los principios de igualdad y razonabilidad”.
Por esos motivos, el fiscal interpuso un recurso de casación contra la decisión del titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº1, recientemente suspendido, que hizo lugar al beneficio en el caso de un ciudadano irlandés. Hermello destacó que las decisiones de la Cámara de Casación son vinculantes para los jueces de primera instancia y que el recurso fue apoyado por la fiscalía de la Cámara.
Según las estadísticas del Ministerio de Justicia, de las 9800 personas alojadas en las cárceles federales, un 25% son extranjeros, es decir, alrededor de 2400. A su vez, un 12% de la población carcelaria extranjera, unas 300 personas, estaría en condiciones de ser expulsada. La ley 25.871 fue aprobada el 17 de diciembre de 2003 y el 21 de enero de este año se promulgó. La reglamentación de la ley, según fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones, de quien depende ese trámite, está casi terminada.
Diariojudicial.com pudo corroborar además que, en general, los jueces del interior otorgan el beneficio, pero de los tres juzgados de Ejecución Penal de la Capital Federal, sólo el Nº3 hace lugar a esta clase de pedidos. El juzgado Nº2 está vacante y el Nº1, a cargo de Sergio Delgado, no lo otorgó, hasta ahora, en ningún caso.
Desde el Ministerio de Justicia sostienen que, en caso que la ley fuera aplicada, se liberarían nuevas plazas en distintos establecimientos del país. La decisión del ministro Horacio Rosatti de avanzar en este tema, posibilitó, por ejemplo, que la población de la cárcel de Devoto se reduzca de 2400 a 2000 presos en los últimos meses.