En primer lugar, el paro fue convocado para respaldar el reclamo de cuatro provincias que vienen pidiendo que se restituya la ley de Porcentualidad, que ya rigió y actualmente está derogada, la última vez por decisión del ex presidente Carlos Menem y su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. La porcentualidad consiste en “enganchar” los ingresos de los 13 mil empleados judiciales a los salarios más elevados del Poder Judicial, o sea a los haberes de los ministros de la Suprema Corte. El retorno a ese mecanismo como eje de la política salarial en la Justicia implicaría una actualización salarial generalizada. Para la FJA, la aplicación de este sistema contribuiría a terminar con "la discriminación y el privilegio reinantes" en la actividad.
Además, el gremio protestó por el aumento del 30% que la Corte le otorgó a algunos jueces. El tema debe resolverse aún en el Consejo de la Magistratura. A través de un comunicado, la Federación Judicial Argentina, enrolada en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), señaló que "ha quedado demostrado que el aumento del 30 por ciento a los magistrados de la Justicia Federal implica que el sector sólo piensa en su salvación". "Acá no se tiene en cuenta la postergación de los trabajadores" del sector, enfatizó la FJA.
El sindicato reclamó también la convocatoria nacional a convenciones colectivas de trabajo para garantizar "la carrera judicial, el nomenclador único y la definitiva eliminación de la precariedad laboral, representada por pasantías, contratados, empleo gratuito y Planes Trabajar". Además, planteó la urgencia de que el gobierno nacional instrumente un fondo especial de ayuda a las provincias para "garantizar la atención financiera que asegure el principio constitucional de a igual tarea igual remuneración".
En la provincia de Buenos Aires, la mesa Directiva de la Asociación Judicial Bonaerense convocó también a asambleas y paro activo con la modalidad que cada departamental determine para el jueves 23 y una reunión de la Mesa Directiva para evaluar si es que hubiere alguna propuesta concreta y la acción a desarrollar en los días que quedan del año. En ese mismo distrito, la Suprema Corte bonaerense había instado a los empleados y jueces a cumplir con el servicio mínimo de justicia. Mediante una acordada, los jueces señalaron que el derecho a efectuar reclamos de índole salarial tiene raigambre constitucional, pero advirtió que "ningún derecho es absoluto ni puede ejercerse abusivamente". Esa fue la respuesta del máximo tribunal provincial a la solicitada publicada por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que se quejó de "los frecuentes paros que vienen interrumpiendo la normal actividad tribunalicia".