22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Brevatas

Fue promulgada ley de inembargabilidad de fondos públicos | La justicia busca al dueño del local bailable del barrio porteño de Once | Casación habilitó a defensores oficiales a promover acciones en los juicios por la verdad | Un juez instaló cámaras en su juzgado.

 
Inembargabilidad

Fue publicada en el Boletín Oficial la ley 25.973 por medio de la cual se establece "Declárase aplicable en beneficio de las provincias, los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los fondos públicos que le pertenecen, el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la Ley 24.624 y sus normas complementarias, o las que en el futuro las sustituyan." La norma había sido sancionada el 1 de diciembre de 2004 y fue promulgada de hecho el 30 de diciembre de 2004.

Prófugo

Por orden de la juez de Instrucción María Angélica Crotto las brigadas de Investigaciones y de la seccional séptima de la Policía Federal están buscando intensamente a Omar Chabán, dueño del local República Cromagnon, ubicado en el barrio porteño de Once, el cual en medio de un concierto de rock se incendio provocando más de 170 muertos y centenares de heridos. Tras el accidente, que se dio en medio del concierto del grupo Callejeros cuando aparentemente una bengala incendió una cobertura del techo, tomaron intervención la juez Crotto y el fiscal Juan Manuel Sansone. Según informaron fuentes judiciales consultadas respecto de Chabán lo que en principio se está investigando es el posible delito de estrago, y está por determinarse si es simple o culposo. Además, se realizan pericias en las cuales se deberá determinar en qué condiciones fue habilitado el local bailable" y no se descartó que se investigue a funcionarios del gobierno porteño e incluso de bomberos por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que establece penas de entre un mes a dos años de prisión.

Defensa oficial

La Cámara Nacional de Casación Penal legitimó la intervención de la Defensa Oficial en el proceso que sustancia la Justicia de Mendoza para establecer el destino final de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. La decisión de la sala I de la Cámara, integrada por los jueces Liliana Catucci, Juan Rodríguez Basabilbaso y Alfredo Bisordi, es relevante porque permitirá al Ministerio Público de la Defensa promover acciones para la búsqueda de desaparecidos aún en los casos en que las familias de las víctimas no formen parte del proceso. De todos modos, el tribunal dispuso que, "antes de emprender averiguaciones o entablar peticiones respecto de la suerte corrida por determinadas personas", la Justicia deberá "agotar las posibilidades de contacto con sus familiares a fin" de tener en consideración los intereses de los deudos de las víctimas. La Cámara exigió así garantías para "respetar la privacidad" de familiares de desaparecidos. En Mendoza se generó un conflicto porque la Cámara Federal con asiento en la provincia exigía la presentación de familiares para avalar el derecho de los defensores oficiales a proponer medidas para localizar a una persona desaparecida. La Defensoría General de la Nación consideró "arbitraria" la postura de la Justicia mendocina y dijo que los desaparecidos "tengan o no familiares que puedan continuar con los juicios por la verdad", deben ser representadas ante los tribunales para que se establezca cuál fue su destino final.

Sonrie te estan filmando

A fin de mejorar las "condiciones de seguridad" y "del servicio de justicia", el titular del juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 del departamento judicial La Plata, Elvio Sagarra, instaló en las dependencias a su cargo, cámaras de televisión que filman permanentemente durante el horario de atención al público. En declaraciones al diario El Día el magistrado manifestó que "La Suprema Corte aceptó tanto mi pedido de instalar los equipos como la donación que hice de éstos, y ya hace varios meses que están funcionando; además, (el máximo tribunal) me aporta los casetes de filmación que duran seis meses, luego de los cuales son regrabados". Es el primer juzgado de la Provincia de Buenos Aires en contar con este sistema. Las cámaras están instaladas en la mesa de entradas y en las dos salas de audiencias del juzgado. En el despacho del juez se colocó un televisor, una videograbadora y un switch con el que el magistrado accede a las imágenes en color y al sonido que captan las cámaras. Aclaró que la idea surgió luego de que se robaran varios expedientes del juzgado, pero manifestó que las cámaras además le permiten seguir desde su despacho todas las alternativas dentro del juzgado haciendo realidad el principio de inmediatez de la Justicia.



dju / dju
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