Por la muerte de tres turistas en Villa Carlos Paz debido a la intoxicación por monóxido de carbono la Fiscalía de Feria de la localidad cordobesa imputó por presunto delito de homicidio culposo a los dueños del departamento en donde sucedió la tragedia y a la titular de la inmobiliaria que les alquiló el inmueble a las víctimas. La acusación recayó sobre Daniel Crespo y Beatriz Rojas, propietarios de vivienda y Claudia Martínez, en carácter de intermediaria de la operación. El hecho se dio el 16 de enero pasado, cuando la policía y los bomberos hallaron muertos a tres jóvenes riojanos que habían ido a veranear a Carlos Paz. Eran Livio Funes, Valeria Salomone y María Quinteros, en tanto que Diandra Cordero Riggio, la cuarta turista, fue encontrada agonizante.
Sin defensor
Por medio del decreto 45/2005 se dejó sin efecto la designación de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. La medida obedece a que Federico Martín Petrina Aranda designado por decreto Nº 2695 de fecha 27 de diciembre de 2002 como Defensor Publico Oficial ante el Juzgado Federal de primera instancia de San Ramon De La Nueva Oran, Provincia De Salta presentó su renuncia la cual fue remitida el 18 de octubre de 2004 por la Defensoría General de la Nación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e informó que a la fecha no ha tomado juramento ni se ha habilitado el cargo en cuestión.
Más testigos
Dos abuelas de Plaza de Mayo y un ex preso político durante la dictadura militar prestaron declaración en la Audiencia Nacional española en el marco del proceso que se sigue en ese país contra el ex represor Adolfo Scilingo acusado de participar en los Vuelos de la Muerte. De ese modo, María Isabel Mariani, Elsa Pavón y Gustavo Calotti testificaron ante el tribunal presidido por el juez Fernando García Nicolás, para brindar sus detalles sobre cómo se vivió el gobierno militar que azotó al país entre 1976 y 1983. Las declaraciones de los testigos giraron principalmente en torno al robo de bebés, la cooperación entre los militares de las dictaduras sudamericanas y el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de opositores.
Recordemos que el ex militar esta acusado delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante el régimen militar y las acusaciones populares y particulares solicitan 6.626 años de cárcel por los mismos.
Derechos humanos
El pleno de la Corte Suprema chilena ha establecido un plazo máximo de seis meses para que los jueces cierren los sumarios de las causas por violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Una vez concluido ese período, las partes podrán apelar para ampliar el plazo y verificar que se hayan realizado todas las diligencias que resultan indispensables en el proceso. Las causas, en las que están involucrados ex miembros de las Fuerzas Armadas y agentes civiles, son tramitadas por 22 jueces de distintas cortes y con dedicación exclusiva a estos casos. Así lo expresó el presidente del máximo tribunal chileno, Marcos Libedinsky, quien señaló que con la medida se busca agilizar estos casos que suman 356 en todo el país. De ese total, 33 han concluido la etapa de investigación, mientras que solamente en ocho se han dictado sentencias en primera instancia. Asimismo, aseveró Libedinsky que “se busca celeridad, ponerle término a los procesos, pero en ningún caso que haya un punto final". En su resolución el plenario de la Corte transandina consigna que muchos de estos procesos se prolongan ya por mas de siete años. No obstante, cinco magistrados dejan constancia de que las dilaciones en la investigación se han producido fundamentalmente por “la falta de cooperación de los imputados y la nula o muy limitada colaboración de las instituciones a que éstos servían”. Unos 160 militares activos y jubilados están procesados en Chile en causas por violaciones a los derechos humanos, situación que ha generado malestar en las ramas castrenses que se quejan de la lentitud de los juicios.