Se trata de la 75/2005, que dispone la creación de la comisión que elaborará el proyecto de ley para presentar en el Congreso. Dicha comisión estará integrada por cinco miembros, dos funcionarios de la secretaría de Política Judicial de ministerio y tres reconocidos juristas especializados en derecho administrativo, que representen a la docencia universitaria, a la magistratura nacional y a una asociación o institución académica. Estos últimos trabajarán "ad honorem".
La resolución no avanza sobre aspectos de fondo referidos a la competencia y funciones del tribunal, pero plantea una línea argumental clave: la creación del futuro tribunal administrativo tiene respaldo constitucional de acuerdo con el artículo 42 de la Carta Magna. Esa norma, reformada en 1994, prevé que la legislación debe establecer "procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional".
De esta forma, el gobierno pretende crear un fuero específico de competencia nacional, el Tribunal Administrativo de Servicios Públicos, que entienda en las demandas millonarias que realicen las empresa privatizadas. Así se intenta “reemplazar” al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial donde se dirimen los conflictos por inversiones extranjeras.