Tanto magistrados (jueces de primera y segunda instancia, camaristas y ministros de la Corte) como funcionarios (secretarios de juzgados, defensores, fiscales y asesores técnicos, entre otros) y empleados (personal administrativo de los distintos tribunales y ordenanzas, entre otros) de la Corte Suprema de Justicia de la provincia comenzaron a cobrar ayer el aumento de sueldo otorgado por la Justicia federal en diciembre pasado, luego de un acuerdo entre la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura.
En realidad, los aumentos otorgados van del 19 al 30 por ciento. Los magistrados y empleados se llevaron el incremento máximo, mientras que los funcionarios no fueron tan favorecidos. Un funcionario con 20 años de antigüedad que recibió un 18 por ciento de incremento cobró ayer 6 mil pesos brutos y se llevó 3.800 de bolsillo.
La suba corresponde a enero, pero es retroactiva a octubre. Esto significa que todavía falta liquidar lo que se adeuda. Aún no se sabe si ese remanente se efectivizará en cuotas o en un solo pago. Los judiciales santafesinos representan el 2,6 por ciento de la masa de trabajadores de la provincia.
El incremento de hasta el 30 por ciento se trasladó de la Nación a la provincia por la ley de enganche Nº 11.196, promulgada por el ex gobernador Carlos Reutemann el 12 de octubre de 1994. La norma establece el mismo sueldo y los mismos beneficios que los empleados de los fueros federales para los jueces y trabajadores de los tribunales santafesinos.
En otras provincias, la vuelta a la ley de porcentualidad viene siendo reclamada por los gremios que representan a los judiciales desde hace mucho tiempo. En total, las provincias que luchan por volver a ese beneficio son cuatro: Buenos Aires, San Juan, Corrientes y Mendoza.