Esta semana fue presentado en la Cámara de Senadores Senado de la Nación un Proyecto de Ley que obliga a las empresas privatizadas a renunciar a los juicios iniciados contra el Estado Argentino con motivo de la Ley de Emergencia Económica (N° 25.561), como condición para la renegociación de sus respectivos contratos. La iniciativa –modifica el art. 4 de la ley 25.790- fue presentada por la Senadora por la provincia de Buenos Aires, Mabel Müller, quien señaló que "...hoy la Argentina afronta demandas ante el CIADI - Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones - por más de 20 mil millones de dólares, y en estas condiciones "cuasi extorsivas", resulta imposible sentarse a discutir con el sector empresario sobre la forma de readecuar la ecuación económica de las concesiones..."
De ser aprobado el proyecto, las empresas privatizadas deberán como condición previa, desistir en forma íntegra e incondicionada a todas las acciones iniciadas ante Tribunales del País y del Exterior, comprometiéndose asimismo a mantener indemne al Estado Nacional y a los usuarios de los servicios, de todo reclamo que pudieran presentar sus accionistas.
Residuos peligrosos (Texto completo al final)
Por resolución 295/2005 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, estableció que para gestionar la obtención de manifiestos que amparen el transporte de residuos peligrosos hacia la Provincia de Buenos Aires para su tratamiento y/o disposición final en dicha jurisdicción, deberá presentarse, como condición indispensable para su obtención, una declaración jurada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución de la Secretaria de Política Ambiental del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires N° 601/1998.En dicha declaración jurada deberá detallarse la composición de los residuos a ingresar a la Provincia de Buenos Aires, y se adjuntará el o los protocolos de análisis realizados en los laboratorios habilitados según la Resolución de la Secretaria de Política Ambiental del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires N° 504/01, o en laboratorios dependientes de Universidades Nacionales o de Organismos Oficiales, de los que se desprenda la no toxicidad de los residuos. El manifiesto que se otorgue deberá estar acompañado de copia de la declaración jurada presentada en virtud de la presente resolución, debidamente certificada por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental. La medida se dictó a raíz de la aparente imposibilidad de los generadores a cuyo respecto hubieran expirado las pertinentes disposiciones o actas (Resolución N° 601/ 98), para remitir sus residuos a la Provincia de Buenos Aires, lo cual obstaría a la eficacia del manifiesto que pudieran gestionar y obtener en el marco de la Ley N° 24.051, toda vez que el eventual circuito de los residuos peligrosos en cuestión tropezaría con la prohibición constitucional de ingreso al territorio bonaerense.
Supervisión de referéndum
Mediante la Acordada N° 1 de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad solicitó al Gobierno de la Ciudad la suma de 250.000 pesos para solventar las tareas de control de planillas de recolección de firmas para la revocatoria de mandato. El proceso fue convocado por el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, luego de la tragedia de República Cromagnon. La Acordada, firmada por Julio Maier, José Casás, Ana María Conde y Luis Lozano, resuelve que, a fin de llevar a cabo las tareas para el control de las planillas de recolección de firmas, “resulta necesario contar con fondos específicos para cumplir con tal fin, dado que el Tribunal Superior de Justicia no los tiene asignados en el presupuesto del ejercicio del corriente año”. Entre las tareas mencionadas figuran la de determinar si el firmante se encuentra en el padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires, si existe duplicación de firmas, la verificación de la autenticidad de las mismas, y la contratación de la Universidad de Buenos Aires para realizar una consultoría en estadística para el diseño de una muestra representativa con el fin de verificar la legitimidad y validez de las firmas reunidas.
Fiscales a dos puntas
En una carta dirigida a este medio y publicada como correo de lectoresfirmada por su presidente, Miguel Caminos, y por Carlos O. Giménez Bauer, vicepresidente de los Ministerios Públicos, la Asociación de Magistrados reiteró que “en modo alguno los señores fiscales han manifestado su intención de separarse de esta Institución”. “Por el contrario, han sido expresos en su voluntad de continuar perteneciendo a esta Asociación y que la creación de una nueva Institución compuesta exclusivamente por integrantes del Ministerio Público Fiscal no tiene otro objetivo que lograr un punto de encuentro y de análisis de temas específicos de la orbita fiscal que indudablemente se van a conjugar en la defensa de los intereses de los integrantes del Ministerio Público Fiscal que esta Asociación ha ejercido desde siempre”, agregó.
Sin embargo en base a fuentes consultadas, este medio informó a los largo de estos días que la creación de la nueva Asociación de Fiscales fue planteada por los fiscales como “una separación en buenos términos” pues no se sentían representados y que la nueva Asociación es una realidad. De hecho, ya están designadas las autoridades provisionales y la fecha de las elecciones.
Conmemoración
La Unión de Empleados de la Justicia Nacional realizará el 21 de marzo a las 13.00 en el hall central del Palacio de Justicia, en homenaje a los integrantes del gremio que fueron víctimas del terrorismo de estado durante el último gobierno militar. En el mismo, hablará una representante de las Madres-Línea Fundadora, un representante de los familiares de los judiciales desaparecidos y el secretario General de la unión, Julio Piumato.