Así lo expresaron en una compulsa previa a las elecciones publicada por la revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que los consultó a ambos y a los restantes candidatos que intervinieron en los comicios de ayer, en los cuales Ibarra, por menos de un punto, no alcanzó el triunfo en la primera vuelta.
El candidato aliancista, consideró que sobre el tema, es "indispensable la construcción de un escenario de consenso, donde todos los operadores del sistema judicial sean escuchados y también se nos escuche".
En relación con la transferencia de los tribunales, el dirigente frepasista y ex fiscal federal, recordó que la Constitución Nacional de 1994 establece que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción".
La Constitución local, por su parte, en su artículo 106, afirma que corresponde a su jurisdicción el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por su propia Constitución, por los convenios que celebre la ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales.
En tal sentido, Ibarra señaló que "de la interpretación armónica" de ambos textos surge que el gobierno de la ciudad debe acordar con su par federal el traspaso de los jueces de los fueros ordinarios al Poder Judicial de la ciudad Autónoma.
El candidato recordó el pronunciamiento en contrario de las distintas Cámaras en 1996, pero señaló que "transcurridos cuatro años desde entonces, nos proponemos una metodología nueva, donde los transferidos son protagonistas y no espectadores de todo los relativo a las modalidades de la transferencia".
Ibarra le aseguró a los magistrados que "no venimos a perseguir a nadie, que se respetará la inamovilidad y la intangibilidad salarial y que haremos lo imposible desde el poder político para recuperar la confiabilidad pública en la justicia".
Por su parte, Cavallo partió de reconocer como "evidente que la Constitución de 1994 ha requerido que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuviera su propia justicia y su propia policía". "Sin embargo, dijo, por imperio de la llamada Ley Cafiero, ello no se puede llevar a la práctica". En tal sentido recordó que sus legisladores han presentado un proyecto de Ley "mediante el cual se ordena la transferencia de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal".
"Sé -reconoció- que muchos magistrados no desean ser transferidos a la orbita de la ciudad y prefieren mantenerse como Jueces de la Nación. Ese es el principal escollo para realizar una transferencia eficaz, dado que sin la voluntad de los principales actores de la Justicia no es posible conectarla".
Para ello, Cavallo prometió promover un amplio diálogo con la Asociación de Magistrados y la representación de los empleados para dar todas las garantías de mantenimiento de derechos y respeto por la dignidad de toda la familia judicial".