La captura se concretó el último sábado, ya que pesaba sobre Bo un pedido internacional de detención, luego que el ex juez de la causa, Pablo Estrabou, dictara su citación de declaración indagatoria. La novedad fue confirmada a este diario por el nuevo magistrado que entiene en el expediente, Jorge Bustamante.
Esta segunda noticia en muy pocos días -la primera fue la demanda contra la provincia por parte de la empresa alemana tenedora del título- reinstala un tema que incomoda al gobierno de Pablo Verani. Ahora se abre un proceso para la extradición en el que, según Bustamante, "se hará todo lo posible para acelerar los tiempos". El magistrado explicó que hoy viajará a España el secretario del Juzgado de Buenos Aires, a través del cual se libró el exhorto internacional, y ya la próxima semana -vía Cancillería- se podría formalizar el pedido de extradición. "Tenemos todos los requisitos cubiertos", se apresuró a indicar Bustamante. Si bien los tiempos legales estipulan que la Justicia cuenta con 45 días para el inicio de los trámites para que Bo sea enviado al país, el juez consideró que "en un plazo no mayor de 10 días estará todo listo".
Bo es considerado un hombre clave en el proceso de colocación del título rionegrino en el mercado financiero internacional, y por ese motivo sus dichos podrían aclarar el verdadero grado de responsabilidad institucional del Estado provincial en la emisión de dicho bono. "Es muy importante, fundamental, su declaración", explicó Bustamante. Es que Bo fue mencionado en la denuncia inicial efectuada por el diputado nacional justicialista Miguel Pichetto como el hombre que habría mantenido relación telefónica y vía fax con funcionarios rionegrinos y operadores secundarios -también con domicilio en Viedma- que intervinieron en la maniobra.
Otros dos extranjeros fueron llamados a declaración indagatoria por la justicia rionegrina -por Estrabou- y pesa sobre ellos el pedido de captura internacional: el misterioso nigeriano Etim Etim, y William Raghu, quien habría cobrado por una de las operaciones de compra y venta del título, un "seguro de riesgo político", por tratarse de un título público.