18 de Julio de 2024
Edicion 7008 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 19/07/2024

Justicia salteña investiga a un grupo armado que corta rutas

El juez federal Miguel Medina reclamó el apoyo de la Gendarmería para reprimir a un grupo encapuchado y armado que tiene cortada la ruta nacional 34

 
El juez federal número dos de Salta, Miguel Medina, denunció hoy la actuación de un grupo encapuchado, que exhibe armas y cócteles molotov, en la ruta nacional 34, a la altura de General Mosconi, cortada hace una semana por desocupados que, según dijo, cobran "peaje". El magistrado, quién interviene en la causa iniciada por el corte de la ruta, denunció hoy que "las cosas se están complicando aún más, cuando han surgido encapuchados, se exhiben armas y aparecen cócteles molotov", en un conflicto originado en el reclamo de la asignación de planes Trabajar.

Sobre la situación en ese tramo de la ruta 34 informó el ministro del Interior, Federico Storani, al gabinete nacional, que se reunió esta mañana en la Casa Rosada, y el gobierno puso en marcha el "comité de crisis", confirmaron en la Capital Federal funcionarios de la cartera. Según el juez Medina, en el tramo que sufre cortes de ruta "se están cometiendo hechos colaterales de carácter vandálico e inaceptable", como "cobrar peaje a la gente para dejarla circular".

También denunció la irrupción por la fuerza a la fábrica Refinor donde un grupo de personas encapuchadas roció con nafta las instalaciones. La empresa, cuya planta está ubicada a la vera de la ruta nacional 34, próxima al tramo cortado de la ruta, remitió informes al respecto al Gobierno de la provincia y al juez federal. "La realidad se ha alejado en forma desmedida e intolerable de los reclamos primogénitos por los planes Trabajar", dijo Medina a la prensa en Salta. El juez afirmó además que el grupo de piqueteros está organizando "una suerte de escudo para un eventual enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, como si se tratara de una estructura cuasi militar, con preparación logística para intervenir en este tipo de situaciones". El juez anunció además que "ya no se harán nuevas intimaciones para que se levante el corte" de la ruta y que se apelará "al uso de la fuerza pública" en las próximas horas.

En tanto, los manifestantes, que reclaman la continuidad de los planes Trabajar y el pago de los meses de marzo y abril de este programa, solicitaron al juez una prórroga hasta las 17 de hoy, a la espera que autoridades nacionales y provinciales les brinden una respuesta a sus pedidos. Por su parte el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, confirmó le pedido del salteño. No obstante, Mathov aclaró que la decisión de enviar tropas de Gendarmería la debe adoptar el Comité de Crisis cuya constitución estaba a la firma del ministro del Interior, Federico Storani. "Será el Comité de Crisis el que resolverá si es necesario enviarlos o si enfrentan el problema con otras fuerzas", precisó Mathov. La integración del Comité de Crisis está prevista en la ley de seguridad interior (número 24.059, artículo 13) y, en este caso, "se encargará de evaluar los pasos a seguir y elementos a utilizar en el conflicto salteño", explicó Mathov. Storani designará al frente del Comité de Crisis al titular del Consejo de Seguridad, Luis Uriondo, "quien viajará a Salta para coordinar la acciones con las autoridades provinciales". La ley se seguridad interior precisa, en su artículo 13, que el Comité de Crisis se creará "con la misión de ejercer la conducción política y supervisión operacional de las fuerzas federales" y estará integrado "por el ministro del Interior y el gobernador de la provincia". Agrega, en su artículo 25, que "podrá delegar en un funcionario nacional o provincial, de jerarquía no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial, la supervisión operacional de la fuerzas empeñadas en la restitución del orden".



dju / dju
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