De las más de 18.000 causas, 3.200 corresponden a personas detenidas en Unidades Carcelarias del país y aproximadamente 15.000 a personas en libertad pero con legajos abiertos, que implica entender en medidas de seguridad, suspensión del juicio a prueba y el cumplimiento de condena extramuros, como multas, inhabilitaciones y libertades condicionales. Los datos surgen de un informe de la Defensoría de Ejecución Penal. Sin embargo, para Neuman “el número exacto no existe porque se incrementa diariamente”.
La semana pasada la Cámara del Crimen porteña le solicitó al Poder Ejecutivo la creación de nuevos juzgados de Ejecución Penal. A este pedido se sumó la Defensoría General de la Nación que le reclamó al Congreso de la Nación que trate el proyecto que envió en febrero de este año para crear dos defensorías más ante el fuero para que haya una por juzgado.
La creación de estas dos nuevas defensorías significaría “un funcionamiento adecuado del Ministerio Público de la Defensa nacional” porque “permitirán la asistencia, control y seguimiento del cumplimiento de las penas de las personas que quedan a su cargo” informó la Defensoría General en un comunicado.
El fuero de ejecución penal fue creado en 1993 y esta regido por la Ley 24.660. Es el encargado de controlar el régimen carcelario de los presos y garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales. Volvió a ser noticia la semana pasada cuando el Jury de Enjuiciamento del Consejo de la Magistratura destituyó a uno de sus jueces, Néstor Narizzano, por “pereza” y “desidia” en el funcionamiento de su juzgado. Actualmente, de los tres tribunales del fuero, dos tienen al frente jueces subrogantes.