El objetivo del proyecto es generar programas de prevención de contagio del virus del SIDA y la adicción a las drogas, en el marco del resguardo del derecho a la salud en el que trabajen internos, sus familiares, agentes del servicio penitenciario, y personal externo como integrantes de ONG y universidades.
Para cumplir esos lineamientos se realizarán talleres para médicos y las personas que van a intervenir como operadores del programa, talleres de ética y derechos humanos, el reparto de preservativos, el trabajo con las visitas, y la difusión de folletos sobre prevención. El proyecto comenzaría a funcionar en el mes de agosto y lo financia el Grupo Temático de las Naciones Unidas, integrado por UNICEF, ONUSIDA y la Oficina Panamericana de las Salud.
La presentación se realizó el martes pasado en la provincia de Mendoza de la que participaron representantes de la Justicia nacional. Estuvieron presentes Alejandro Slokar, subsecretario de política criminal, Stella Maris Martinez, defensora general sustituta de la nación, Francisco Mugnolo, procurador penitenciario nacional y Martín Vázquez Acuña, juez del Tribunal Oral Nº 1 e integrante de la Comisión de cárceles del Ministerio de Salud de la Nación. Además de autoridades nacionales como Andrés Leibovich, subsecretario de programas de promoción y prevención del Ministerio de Salud de la Nación, Rodolfo Matarollo, subsecretario de derechos humanos y Gabriela Hamilton, directora del programa nacional de SIDA.
La enitenciaria de Mendoza fue seleccionada para implementar este programa en virtud del informe que realizaron los veedores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha referido que el Estado es garante de la salud física de las personas privadas de su libertad. “Dentro del marco de la medida provisional que fijaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendimos necesario reforzar el derecho a la salud y lo implementamos en una cárcel donde ese derecho deja mucho que desear” le dijo a DiarioJudicial.com Martín Vázquez Acuña, quien hace más de 10 años trabaja en la defensa de los derechos humanos en las cárceles y fue presidente de la Comisión de cárceles de la Cámara del Crimen. Y agregó que sobre un total cercano de 64.000 presos en todo el país alrededor del 10 % tiene HIV.
Consultado sobre la conveniencia de que los presos infectados con HIV cumplan su condena en prisión, en vistas de las malas condiciones de habitabilidad de las cárceles, Vázquez Acuña contó que “hace poco hicimos unas jornadas en el Senado de la Nación en las cuales nos planteamos la reforma del artículo 33 de la Ley 24.660 de Ejecución. Ese artículo habla de la posibilidad de prisión domiciliaria de aquellas personas que tienen una enfermedad terminal e incurable. Lo cual para mi atenta contra el derecho a la integridad física y el derecho a la vida. Llegamos a la conclusión que no hay que buscar definiciones de “terminal” o de “enfermedad incurable”. Lo que tenemos que buscar es que si el ámbito de la cárcel afecta gravemente la salud de la persona que esta privada de su libertad esa persona debe ser excarcelada”. Y adelantó que presentaran un proyecto en el Senado para reformar ese artículo.