En su recurso la ONG, patrocinante de los pueblos originarios, entiende que la convocatoria viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
En el inciso 17 del artículo 75, la Carta Magna establece que se debe “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.... asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. además, las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Por su parte, el CELS había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tome medidas cautelares con el fin de evitar la realización de la consulta. El pasado 29 de julio la CIDH le pidió al Estado nacional que en un plazo de 15 días, que vencieron el pasado viernes, le informe su postura respecto a la consulta popular aprobada por la Legislatura salteña.
El Poder Legislativo de esa provincia aprobó el 21 de julio una ley que convoca a un referéndum a todos los habitantes del departamento de Rivadavia para que decidan sobre el derecho a la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas. La consulta se hará el 23 de octubre, misma fecha de las elecciones que renovarán las autoridades legislativas nacionales.
A través de un comunicado el CELS explicó que si la consulta se realiza “será vulnerado el derecho indígena a la propiedad comunitaria de la tierra ancestral. La vigencia de derechos humanos no puede supeditarse a un referéndum. El Estado es el garante de los derechos y no puede plebiscitarlos. Las normas determinan que el Estado nacional (y concurrentemente, el provincial) tienen la obligación —y no la facultad discrecional— de entregar en propiedad las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.”