Luego de tres meses de conflicto y paralización del funcionamiento de los tribunales en toda la provincia de Buenos Aires, el gobierno bonaerense y los empleados judiciales firmaron un acuerdo para trabajar en conjunto en la redacción de una ley de mejora salarial. De esta manera, el gremio se comprometió a garantizar el normal funcionamiento de los tribunales mientras se negocia la nueva ley.
El acta firmada dice que ambas partes
trabajarán en la redacción de una futura ley porcentual que enganchará los salarios de los empleados con los que perciben los jueces de la Corte, beneficio que reclamaban los trabajadores para levantar los paros.
Según el primer punto del acta "la relación porcentual actual entre los sueldos básicos de los niveles remunerativos 5 al 19,25 del Poder Judicial, y la retribución del juez de la Suprema Corte de la Provincia resultante de sumar a su sueldo básico el excedente del 25 % de la asignación por gastos funcionales excluyendo la incidencia por antigüedad, no podrá ser disminuida".
De esta manera, todo aumento que se otorgue a los magistrados deberá también abarcar a los trabajadores en las proporciones actuales. Pero el gobierno provincial logró del gremio el compromiso de que
todos los aumentos que consigan los jueces que no sean por vía de una decisión del Ejecutivo, no se trasladarán al resto de las categorías.
"No se tomarán en cuenta las sentencias judiciales firmes que pudieren hacer lugar a demandas por indexación de remuneraciones de magistrados. En tal supuesto las partes mantendrán abierta la negociación salarial y seguirán procurando los acuerdos necesarios para evitar que esos fallos interfieran en el avance del proceso gradual hacia el sistema porcentual que están negociando, en oportunidad de negociarse la pauta salarial para el ejercicio presupuestario 2006 y en ejercicios sucesivos ", precisa el acta.
Esta cláusula era considerada imprescindible por los funcionarios del ministerio de Economía, que sostenían que de otra forma cada incremento en los sueldos que lograran los jueces por vía judicial iba a tener que ser trasladado en forma automática a los trabajadores.
Por su parte, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN)
convocó a un nuevo paro de 72 horas -a partir de este miércoles- en reclamo de los 200 pesos adeudados.
Al respecto, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
manifestó su honda preocupación por la situación que atraviesa el Poder Judicial de la Nación en virtud de los conflictos gremiales que impiden su normal desenvolvimiento, “afectando el ejercicio profesional cotidiano de los abogados, como así también los derechos e intereses de los ciudadanos”.
La entidad que preside Lucio F. Ibáñez
llamó al diálogo para dar respuesta a “la problemática actual de tensión entre el derecho de los trabajadores a peticionar condiciones dignas de trabajo, por una parte, y, por otra, la obligación del Poder Judicial de garantizar a la comunidad el acceso a un servicio de justicia eficiente y expedito y a los abogados el pleno ejercicio de la profesión”.
Y se puso a disposición de todos los sectores involucrados para mediar entre los mismos, ofreciendo su mayor colaboración para hallar una rápida solución. Asimismo, los exhortó a extremar su voluntad para elegir vías amigables para poner fin a la situación reinante y, de ese modo, asegurar una correcta administración de justicia.
dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.