Tal como estaba previsto, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco llevó a cabo la jornada provincial de evaluación del funcionamiento del sistema penal que había anunciado hace dos semanas, al exponer el crítico estado de la Alcaidía de Resistencia, para que los mismos actores de la Justicia discutan posibles medidas para mejorar el desarrollo de los procesos, incluso en la etapa de ejecución de las penas.
Los ministros Ricardo Fernando Franco -que subrogó la presidencia a cargo de Ramón Ruben Avalos-, María Luisa Lucas, Eduardo Omar Molina y Alberto Mario Modi, a quienes se sumó el responsable de la Procuración General, Jorge Edgardo Omar Canteros, condujeron el plenario que estuvo precedido por reuniones en distintas dependencias judiciales.
Según fuentes de ese organismo, de las reuniones participaron representantes de varias ciudades como Resistencia, Presidencia Roque Saénz Peña, Villa Angela, Charata, Castelli y General San Martín. Todos tuvieron la posibilidad de emitir su opinión sobre una exhaustiva lista de temas que excedieron el estricto ámbito del procedimiento, para abarcar cuestiones de política judicial, penal y penitenciaria.
La convocatoria a todo el fuero penal iba a desarrollarse a fin de año, oportunidad en la cual se pensaba evaluar el funcionamiento del nuevo Código Procesal, a dos años de su entrada en vigor, pero
se decidió adelantarla por los acontecimientos vinculados con la crisis de la Alcaidía de Resistencia.
El ministro Eduardo Omar Molina realizó un oportuno balance en el que señaló que “
no todo se soluciona con mejorar las previsiones procesales, las condiciones en que sucede la investigación y el juicio” y advirtió que los magistrados y los funcionarios "no están trabajando en las condiciones que son deseables desde la perspectiva que el Poder Judicial en un Estado de Derecho debe ser un Poder Independiente”.
Con datos concretos que demuestran la aceleración producida en los tiempos de desarrollo del proceso penal, uno de los principales objetivos de la reforma introducida a la legislación aplicable a la materia, los integrantes del fuero penal ratificaron la opinión vertida por el Superior Tribunal de Justicia respecto a
la “aberrante” situación del sistema penitenciario local y
la necesidad de respuestas efectivas al problema por parte de las respectivas áreas del gobierno, tanto a nivel provincial como nacional.
Los magistrados y funcionarios judiciales coincidieron en que el Poder Judicial no termina su tarea con el dictado de una sentencia, sino que es parte de su responsabilidad interesarse en el cumplimiento de las normas constitucionales referidas a la detención de personas, por lo cual la conducción judicial analiza la creación de juzgados de ejecución en todas las circunscripciones judiciales, además de incorporar uno más para Resistencia.
El ministro Ricardo Fernando Franco se encargó del cierre institucional del plenario. Sostuvo que el Poder Judicial asume la responsabilidad de mejorar el sistema penal en lo que resulte posible, pero aclaró que no se pueden aplicar políticas “con el criterio de que la nuestra es una justicia cualquiera, porque si no es la primera del país, puede estar ubicada en los primeros lugares”.
dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.