González de la Vega objetó de ese modo el convenio suscripto en octubre de 1994 entre Fabricaciones Militares y el Ejército que figura en el expediente, al sostener --según confiaron fuentes judiciales -- que difiere del original que hoy entregó al juez Urso. Los voceros judiciales, si bien no brindaron mayores detalles, admitieron que el texto entregado hoy complicaría aún más, en la instancia oral y pública, la situación de algunos de los procesados, sin prisión preventiva entre los que figura el ex jefe del Ejército, el general Martín Balza.
Urso procesó a Balza y a otros seis militares --en su mayoría ex directivos de Fabricaciones Militares-- por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad ideológica de instrumento público, precisamente en relación con ese convenio por el cual el Ejército entregaba armas en desuso y municiones vencidas a cambio de tareas de reparación de cánones y obuses por parte de FM.
El convenio había servido en reiteradas oportunidades como base de los argumentos esgrimidos por Balza para justificar la entrega de cánones a FM., una empresa que, si bien tenia representantes castrenses en su directorio, había dejado de pertenecer a la fuerza.
Según la resolución dictada el viernes la verdadera finalidad del convenio fue la de "justificar y disimular" la salida de seis cánones de 155 milímetros Citer, que fueron ilegalmente embarcados en el buque Rijeka Express con destino a Croacia.
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Procesaron a Balza y a ex directivos de Fabricaciones Militares 19/05/2000