En la misiva, la diputada justicialista y miembro del Consejo de la Magistratura fundamenta que “en la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de los tratados en materia de Derechos Humanos a la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22) sumada a las expresas prescripciones que sobre el particular consagra el artículo 18 del texto de base, obligan a considerar la presente cuestión como de notoria gravedad institucional”.
“Los violentos motines que a diario se suceden en las distintas cárceles del interior del país, de los cuales se han hecho eco los medios de comunicación –como el trágico y sangriento suceso de Sierra Chica-, son el resultado de la insuficiencia de estructuras mínimas capaces de albergar una cantidad de detenidos que excede en gran número la medida razonable, generando el lógico desborde de los mecanismos de seguridad”.
A eso debe agregarse que en la mayoría de las cárceles de jurisdicción provincial, el número de internos procesados por delitos de jurisdicción federal supera a aquellos que registran proceso por delitos comunes. No obstante, el Estado Federal se encuentra en mora con las provincias en el envío de los fondos necesarios para la manutención de los internos a su cargo”.
“Ello ha motivado la formulación de denuncias ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, solicitando la remoción de magistrados por no atender las garantías constitucionales de los internos. Esto coloca a la comisión en la incómoda tarea de tener que investigar conductas de jueces que no cuentan, en el ámbito carcelario, con los recursos indispensables para velar por la protección de los derechos humanos fundamentales”.