Al final lo primero es la familia, podría decir el dictador chileno Augusto Pinochet luego de enterarse que la Justicia de su país proceso a su esposa, cuatro de sus hijos y su nuera por el delito de fraude al fisco en relación a la causa por las cuentas secretas que tenía en el exterior y por el que también está procesado. La resolución afirma que la esposa de Pinochet, Lucía Iriart, cuatro de sus cinco hijos, María Verónica, Jacqueline, y Marco Antonio, y la esposa de éste, Soledad Olave presentaron declaraciones de bienes incompletas de manera maliciosa. Por la misma causa el propio Pinochet está procesado por evasión tributaria, falsificación de documentos, bienes y pasaportes. También el dictador fue procesado por la Operación Colombo, cuando en 1975 el régimen pinochetista intentó encubrir el arresto y asesinato de 119 personas.
Novedad
Recibimos una obra publicada por la editorial LexisNexis. Servicios Públicos y Organismos de Control es el resultado de una investigación dirigida por el Dr. Alejandro Pérez Hualde, quien se desempeña como titular de la cátedra de Derecho Administrativo II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. En la presente publicación también se presentan trabajos confeccionados por los Dres. Eduardo O. Emili, Ernesto N. Bustelo, Andrea J. Lara, Gustavo Boullaude y Sergio I. Rodríguez. Los autores realizan un exhaustivo análisis de la problemática de los servicios públicos, su régimen jurídico y el funcionamiento de los organismos de control. A su vez la obra reseñada presenta un capítulo dedicado a las normas de procedimiento que deben cumplirse, en el caso que se interponga un reclamo ante los entes reguladores. Por ultimo no podemos dejar de mencionar que uno de los acápites de esta publicación esta consagrado al desarrollo de las facultades de los entes reguladores en materia tarifaria. Por todo lo expuesto este trabajo resulta imprescindible para quienes quieran adentrarse en la problemática de los servicios públicos.
Incertidumbre
El Tribunal de Distrito de Jerusalén -Beit Hamishpat Hamejozi- estudia qué pena impondrá al hijo del primer ministro israelí, Omri Sharon, acusado por violaciones a la ley electoral de ese país en 1999. Supuestamente, habría utilizado la suma de un millón quinientos mil dólares a través de una sociedad ficta constituida en el exterior, para solventar la campaña de su padre Ariel Sharon. La ley electoral israelí sólo permite un máximo de quinientos mil dólares en donaciones a campañas electorales. El propio Ariel Sharon había sido imputado en esta causa, pero la falta de pruebas para demostrar alguna responsabilidad hizo que saliera airoso. Omri Sharon se declaró culpable con la esperanza de lograr una “divertion” -aquí mal llamada Probation- de seis meses de trabajos comunitarios. Muy lejos de eso, el fiscal de la causa sostuvo que debe imponerse una pena ejemplar, por lo que pidió una pena de prisión efectiva. El Tribunal de Distrito de Jerusalén -compuesto por 19 jueces-, que entiende como primera instancia en determinadas causas de la ley electoral israelí como también sobre imputaciones al primer ministro, tendrá al final de esta semana la sentencia. Si le es impuesta una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo, el hijo del primer ministro sólo podrá apelar al Supremo Tribunal de Justicia de Israel, la última instancia posible en el sistema judicial israelí, compuesto por 13 magistrados.