Los contratos en cuestión fueron resueltos entre septiembre y octubre del año pasado y firmados entre el 13 y el 29 de octubre por el secretario general de la presidencia del PAMI.
La denuncia data de fines del año pasado y por ella se investiga la contratación directa de los estudios por montos "importantes", gastos que, según los denunciantes, no se rendían.
Alderete será indagado mañana por presunta "administración fraudulenta" de la obra social de los jubilados y pensionados".
Entre los contratos figuran uno con él es estudio "Bianchi, Mihura, Estrada y Galarce" para la elaboración de un dictamen sobre normas de contrataciones del Estado, y las equiparaciones de los funcionarios del PAMI con las de los funcionarios del Estado.
El contrato más importante, al menos por su monto, de 240 pesos mensuales más IVA. fue suscripto en el mismo marco, con el estudio Rassetto, Lopez, Rodriguez Córdoba y asociados. , al que se le encomendó un dictamen comparativo de recursos, de ingresos y egresos en el período comprendido entre marzo de 1997 y agosto de 1999.
El tercer contrato cuestionado, y por el cual Alderete será indagado por el presunto delito de “administración fraudulenta" es el suscripto con la Auditoria General de la Nación por 650 mil pesos.
La denuncia habría sido efectuada por Carlos Kasparian en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado ATE), quien advirtió ante la justicia que la Auditoria " es un ente público estatal que no puede contratar con el PAMI para realizar tareas que constituyen sus funciones especificas".
La denuncia había recaído inicialmente en el juzgado federal a cargo de Jorge Ruso, pero luego fue unificada en el juzgado de Bagnasco.
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