La Legislatura misionera rechazó un pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Rojas, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. La votación fue 10 votos contra 6, a favor del magistrado.
Es la segunda vez en pocos días que los diputados provinciales deben expedirse sobre un juicio político contra un juez de esa provincia. Poco más de una semana atrás, los legisladores votaron la destitución de Marta Catella, que también integraba el Superior Tribunal.
Sin embargo, los casos son bien distintos. Rojas fue denunciado por la hermana de una mujer asesinada hace dos años en la ciudad de Oberá, crimen en el que estaría involucrado el hijo de una diputada provincial. Según la familia de la víctima, Rojas había utilizado su influencia como presidente del Jurado de Enjuiciamiento para obstruir la investigación del crimen. Concretamente, los familiares denunciaron que Rojas le quitó el expediente al juez Horacio Alarcón -también con un pedido de juicio político- cuando supuestamente el magistrado estaba a punto de ordenar un examen de ADN.
Pero los diputados desestimaron el pedido por considerarse incompetentes para juzgar la conducta del presidente del Jurado de Enjuiciamiento, "un organismo de la Constitución con absoluta independencia funcional". Por ello, el oficialismo consideró que debe ser el mismo Jury el que juzgue a Rojas o que eventualmente debería denunciarlo ante la Justicia penal.
De cualquier manera, la decisión causó una ruidosa protesta de los familiares y amigos de Marilyn Bárbaro, que viajaron desde Oberá para presenciar las reuniones de la Sala Acusadora.
A pesar de este caso, o mucho más después de él, nadie puede esconder un
serio conflicto entre el gobierno que encabeza Carlos Rovira y la Justicia provincial, que afecta principalmente la independencia de ésta última. A los dos casos mencionados, se le suman las denuncias contra el fiscal de estado Lloyd Jorge Wickstrom (que denunció al propio Rovira), contra los jueces Julio Ifrán y Horacio Alarcón, además del caso de la fiscal Liliana Picazo.
Los cuatro magistrados, al igual que Catella, recibieron el respaldo de diversas ONG vinculadas a la Justicia como INECIP, FARN, CELS y ADC y de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (JUFEJUS).
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