Voceros interesados en la cuestión y desde distintos ámbitos de la Justicia coincidieron en asegurar que la posibilidad de un pronunciamiento se encontraba, de acuerdo a los sondeos previos, absolutamente dividida y en un virtual estado de empate en cuatro votos.
El martes por la noche, y con la presión de las corporaciones que nuclean a los magistrados y funcionarios por un lado, y la representación de los trabajadores por otra, la Comisión de Administración del consejo de la Magistratura reclamó la realización de un plenario para presionar a la Corte a pronunciarse en contra de los recortes impuestos mediante un decreto de necesidad y urgencia por el Ejecutivo.
Sin embargo, horas después se conoció el texto definitivo del decreto en el cual quedaba excluido de la medida el Poder Judicial, y dejaba en manos de la Corte -a través de una invitación formal- la aplicación de los descuentos.
En ese marco, lo que si se daba por descontado es que mañana la Corte Suprema votará respecto de la constitucionalidad decreto presidencial 290/95 por el cual fueron recortado los sueldos estatales en hasta un 15 por ciento, durante el gobierno de Menem.
Respecto de la aplicación de los recortes saláriales en la Justicia en el marco del ajuste presupuestario impuesto por el gobierno, un ala se mostraría favorable a pronunciarse a través de una acordada donde -según voceros del Alto Tribunal- podría incluir algunas modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo para conservar la autarquía del Poder Judicial, como sucedió con el decreto 290/95, ya que en aquel entonces, se respetó la independencia del Poder Judicial, y es lo que se va a dictaminar ahora: avalar el decreto de Fernando De la Rúa –el primero de necesidad y urgencia desde que asumió la presidencia- pero sin la podar el presupuesto judicial.
La otra postura -cuya adhesión no pudo ser confirmada debido al hermetismo en el que se sumergieron los ministros- sería proclive a “dejar pasar la invitación”, es decir, pronunciarse respecto de la constitucionalidad del decreto menemista.
El martes, en la reunión de la Comisión de Administración, se originó un duro debate sobre el decreto del Ejecutivo. Por mayoría de decidió pedir un plenario extraordinario al presidente del Consejo de la Magistratura (Julio Nazareno). Entre los consejeros que solicitaron la sesión extraordinaria se encontraban Claudio Kiper, el senador Carlos Branda, Fernández Moores, y los que se precipitaron en contra Alfredo Vítolo, representante del Gobierno en el Consejo y el senador radical Horacio Usandizaga. También estuvieron presentes como espectadores, los representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la nación y la Asociación de Magistrados, Julio Piumato y Madueño.
Piumato, se precipitó en contra de la aplicación del decreto del gobierno al tiempo que sostuvo que “no es extensiva la medida para todos porque ésta afectaría el servicio de la justicia. No es una medida constitucional y el gobierno no respetó la ley de autarquía”.
Madueño acompañó las palabras del representante de los empleados judiciales al manifestar que “es inaplicable que un poder del Estado interfiera en decisiones de la Corte y el Consejo. No debe ser aplicable para nadie, -por funcionarios, magistrados, ni empleados-. Por su parte, Alfredo Vitolo, llamó a la calma en la reunión de la Comisión de Administración y les sugirió a sus pares consejeros que esperaran a conocer el decreto, que hoy publicó el boletín oficial. En el mismo –según concluyó Vítolo- no hay una decisión tomada sino que se invita al Poder Judicial a que se adhiera al recorte del presupuesto. La postura del senador Usandizaga fue parecida en ese sentido, al tiempo que ambos votaron en contra que se pidiera un plenario extraordinario. Ahora la última palabra la tiene la Corte Suprema, quien deberá votar por la aplicación o no del decreto de De la Rúa.