Diez años después de que se produjeran los hechos, la causa por presunta corrupción en el ex Concejo Deliberante porteño mediante la designación de “ñoquis” podría llegar a juicio oral y público próximamente. El pedido para que así sea lo hizo un grupo de fiscales encabezados por Mónica Cuñarro ante el juez Alberto Baños. Según el dictamen de la fiscal, “se probó que (el ex presidente) Fernando De la Rúa eligió a Humberto Bonanata como presidente del bloque (de la UCR) y le pidió que nombrara a diversas personas que cumplirían tareas de mantenimiento en su quinta de fin de semana en Villa Rosa, o trabajarían como asistentes personales en su domicilio de Barrio Norte”. Esos empleados realizaban, agregó el escrito, “servicios personales o tareas político personales, todo con conocimiento de que era financiado por dinero de los contribuyentes”. La investigación se inició en 1996 cuando un abogado denunció que el ex presidente utilizaba en su quinta de Pilar los servicios de un jardinero que cobraba su sueldo a través del Concejo Deliberante.
Contra la evasión
La Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires continua sus campaña en busca de evasores impositivos. El organismo liderado por Santiago Montoya realizará controles antievasión durante todo el fin de semana largo de Semana Santa. Las inspecciones arrancarán el miércoles y se extenderán hasta el domingo. Inspectores de la subsecretaría se desplegarán por las principales ciudades turísticas del país en busca de evasores bonaerenses. También habrá puestos fijos en el aeroparque Jorge Newbery y en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Demanda
Familiares de tres reclusos que fallecieron durante el incendio del pabellón 16 de la Unidad Penitenciaria 28 de Magdalena, en octubre de 2005, demandaron al estado provincial por una suma superior al millón de pesos. Con el argumento del “daño psíquico” y de no poder recibir la ayuda económica de su hijo, la madre y los hermanos de Carlos Alberto Olivera Torres (21) interpusieron una demanda contra el Fisco y el Ministerio de Justicia bonaerense, del que depende el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde les exigen $520.000. De la misma manera accionaron el padre de Rubén Darío Ayala Feijo (28), quien reclamó una indemnización de $167.650; y los padres, la concubina e hijos de Abraham Eber Mosqueira Lecler (24), en este caso por una suma que asciende a los $444.550.
Solicitud
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos le pidió el viernes pasado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia la creación de un juzgado laboral más en la jurisdicción judicial de Paraná. El pedido fue realizado a partir de las condiciones en las que actualmente se presta el servicio de justicia en el fuero laboral de esa ciudad, según expresó el STJ a través de un comunicado. La creación de un nuevo juzgado laboral había sido requerida a mediados de diciembre pasado al STJ por el Colegio de Abogados de Entre Ríos. Su presidente, Luis María Campos, le envió una carta al máximo Tribunal entrerriano expresando su preocupación por la “creciente litigiosidad existente” en el fuero laboral, que “está determinando una importante demora en la fijación de las audiencias de conciliación y de vista de causas”.