Hace pocos días se dieron a conocer los aspectos centrales de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que volvió a exigirle al Estado argentino que mantenga las medidas ordenadas a fines de 2004 y que vele por la integridad de todos los presos alojados en la Penitenciaría de Mendoza. Ahora,
Diariojudicial.com publica en forma completa la resolución, que cuenta con los votos concurrentes del presidente de la Corte, Sergio García Ramírez, y de los jueces Cancado Trindade (Brasil) y Diego García Sayán (Perú).
En su considerando 15, la resolución de la CIDH dice que “es procedente mantener vigentes las medidas provisionales, en virtud de las cuales el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, de Lavalle”, así como “de todas las personas que se encuentren en el interior de éstas”.
La CIDH le requirió al Estado argentino que adopte
en forma inmediata e inexcusable, esas medidas, que “las implemente en coordinación efectiva y transparente entre sus autoridades provinciales y federales” y que informe “en forma concreta y específicamente a la Corte Interamericana cada dos meses a partir de su último informe, sobre las providencias adoptadas para cumplir todo lo ordenado por el tribunal”.
Por último, la CIDH le requirió a los representantes de los beneficiarios y a la Comisión Interamericana que presenten sus observaciones a dichos informes del Estado en un plazo de cuatro y seis semanas respectivamente.
“
Es una resolución histórica, producto de la audiencia de Brasilia donde quedó claro que la Argentina no le está dando la importancia que merece a la situación de la Cárcel de Mendoza y a las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se producen en las mismas”, dijo el abogado
Pablo Salinas, que representa -junto a otros colegas- a los familiares de los presos.
La situación de violencia en el penal de la capital mendocina –en 2004 hubo 17 muertos- obligó por ese entonces a varios integrantes de la Comisión Interamericana a visitar la provincia, en una medida con pocos antecedentes en el país.
En agosto de 2004, la CIDH dispuso una serie de medidas. Entre ellas, separar a los internos por categoría, evitar la presencia de armas, mejorar las condiciones de detención, que no existieran más grupos de encapuchados, perros, ni que los presos sufrieran las 23 horas corridas de encierro que venían sufriendo.
Luego se realizaron
dos audiencias ante la Corte con la participación de las partes, incluyendo a la Comisión Interamericana, a los abogados denunciantes y a representantes del Estado argentino y de Mendoza. La primera fue en Asunción, en mayo de 2005. Ante los incumplimientos, se llevó a cabo la segunda en Brasilia, el 30 de marzo de 2006, pocos días antes del paso de los jueces por nuestro país.
dju / dju
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