La modificación central apunta a que el registro contenga las causas prescriptas cuando se trate de delitos financieros y contra la administración pública. El proyecto anterior comprendía el registro de todas aquellas causas que prescribieran.
La idea del registro surge a partir de la sanción de la Ley 25.990 que modificó el artículo 67 del Código Penal y definió las causales que interrumpen la prescripción. Si el registro se crea, cuando una causa prescriba los jueces penales de todos los fueros de la capital federal y los federales del interior del país, deberán completar un formulario con información sobre el expediente que prescribió.
“La información recolectada servirá para varios fines, entre ellos, un mejor control de la gestión en los juzgados por parte de este Consejo, y para realizar un diagnóstico de las causas más frecuentes de prescripción, a fin de introducir o impulsar las reformas legales, reglamentarias y administrativas que se consideren necesarias”, fundamenta el proyecto.
La secretaria de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, Graciela Caccuri, le informó a los miembros de la Comisión de Reglamentación el jueves pasado que su dependencia esta sobrecargada de trabajo por lo que si la estadística de las causas prescriptas debiera hacerse mensualmente, dentro de los cinco días desde que queda firme la prescripción (como señala el proyecto), sería imposible cumplirlo.
Por eso el registro se limitaría a las causas de impacto público, a las cuales se les haría un seguimiento desde su inicio hasta el dictado de la prescripción. Este jueves Rodríguez fue invitada a la Comisión para analizar el tema. El registro funcionaría en la Secretaría de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación. La iniciativa anterior establecía que esté bajo la órbita de la Comisión de Acusación del Consejo, que investiga los pedidos de juicios políticos contra los jueces.
En la primera versión de la iniciativa, el registro incluida todos los delitos, desde, por ejemplo, el vaciamiento de bancos hasta un hurto. Pero la Comisión de Reglamentación rechazó su creación. Fundamentó su decisión en que un registro de esas características ya existe en el Ministerio de Justicia de la Nación, y por los argumentos que dieron los fiscales.
En efecto, la Comisión invitó en octubre pasado a representantes del Ministerio Público para que den su opinión. Los fiscales expresaron que la prescripción de una causa no es el único parámetro para medir el desempeño de un juez o fiscal y que el registro podría ser una herramienta de presión para apurar las causas. También distinguieron entre “causas de menor relevancia y las causas complejas que provocan daños mayores y que prescriben por carecer los fiscales y jueces de elementos tecnológicos e informáticos adecuados”.
A estos últimos expedientes apunta el nuevo registro.