La posibilidad de aplicarle o no una un sanción al juez de instrucción número 46, Julio Corvalán de la Colina, surgió tras fracasar un pedido de juicio político.
"No hay demasiadas probabilidades que dicha medida disciplinaria sea efectiva", adelantó una fuente allegada a ese cuerpo.
La causa del juez Corvalán de la Colina, pasó por la Comisión de Acusación, donde estuvo prácticamente parada. Luego integrantes de dicho cuerpo entendieron que era necesario enviarla a la Comisión de Disciplina, porque no había consenso para comenzar un análisis de remoción al magistrado.
Mientras tanto los alumnos de la Escuela de Yoga --la mayoría abogados-- suelen presenciar las reuniones de las Comisiones pretendiendo "un pronunciamiento justo y digno", lo que no es poco. Los alumnos de esta institución, Maria Verónica Cané Estrada y María Valeria Llamas, denunciaron "violaciones perpetradas contra los derechos humanos más esenciales" y que "decenas de los integrantes de la Escuela de Yoga fueron sometidos forzadamente por el juzgado a exámenes psicológicos y psiquiátricos".
También denunciaron que "el 26 de marzo de 1999 el magistrado dispuso que la suscripta (27 años de edad) cuya plena capacidad se encuentra más que acreditada, es incapaz imponiéndole como representante legal a su madre". Estas denuncias fueron remitidas al Ministerio de Justicia, el que a través de la Secretaría de Justicia las remitió al Consejo de la Magistratura.
Llamas, una de las denunciantes, manifestó que "este juez violó las leyes al declararla insana, a pesar de que todos sus test clínicos, psiquiátricos y psicológicos del año 1994, realizados por el equipo de médicos forenses, dictaminaron que es una persona completamente normal".
La Comisión de Acusación sostuvo que "el Consejo de la Magistratura, a lo largo de numerosos precedentes, ha consagrado el principio básico de que el contenido de las sentencias no puede constituir, per se, causal de mal desempeño, que habilite la apertura de un juicio político".
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