"Todos los números e incluso la opinión ciudadana revelan que hay cierto descontento porque el crecimiento de los delitos y la complejidad que estos tienen no encuentran una respuesta adecuada por parte de los tribunales", señaló Gil Lavedra tras el encuentro con De la Rúa.
Sin embargo, el informe revela también un escaso nivel de participación por parte de los actores de la Justicia en este tipo de relevamientos, tendiente a alcanzar un consenso. "sobre un total de ochocientos setenta y un jueces, fiscales y defensores oficiales invitados, han participado activamente --por escrito y en las audiencias-- doscientas ochenta y una personas".
La compulsa se realizó a través de dos vías: por un lado, el ministro Gil Lavedra mantuvo entrevistas personales con las distintas Cámaras, tribunales orales, el Procurador general, jueces y fiscales federales. A ello se sumó una reunión de trabajo conjunta con el Ministro del Interior, Federico Storani; el Secretario de Seguridad Enrique Mathov y con los jefes de la policía federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura.
Por otra parte se realizó una compulsa por escrito, en la que fueron invitados a participar la totalidad de los jueces, fiscales y defensores oficiales que actúan en las distintas instancias del Proceso Penal.
Acerca de las facultades policiales para interrogar a personas sospechadas de haber cometido delitos, el 58 por ciento de los encuestados interpretó que el artículo 184 del Código Procesal "veda a las autoridades de prevención interrogar o recibir ningún tipo de manifestación del imputado".
De acuerdo con esta postura "las facultades concedidas a la autoridad policial resultan suficientes para la investigación de los delitos y se formulan objeciones a su ampliación fundadas, en algunos casos, en razones históricas, de naturaleza constitucional, y empíricas.
Pese a que algunos magistrados opinan que la experiencia ha enseñado que el otorgamiento de mayores facultades a las fuerzas policiales no ha redundado ni en la celeridad ni en el mayor esclarecimiento de los delitos, otros legitiman desde su postura que "existe un interrogatorio policial de orientación que permite precisar el estándar de sospecha, pero que ello no implica la potestad de interrogar al detenido o recibir confesiones espontáneas o inducidas, y menos aún otorgarle a estas valor probatorio".
Acerca del sistema de enjuiciamiento, el 71 por ciento de los encuestados se pronunció a favor de introducir modificaciones, y en su mayoría se mostró a favor de la implementación del sistema acusatorio, en la búsqueda de la "desformalización del proceso".
"En el universo de respuestas se destaca la necesidad de morigerar el exceso de ritualismo verificable en el sistema procesal vigente, sobre todo en la etapa instructoria, que se traduce en sumarios sobrecargados de instancias recursivas, resoluciones de mérito y reclamos de nulidad.
Esta preocupación --señala el informe-- se encuentra presente en el 67 por ciento de las opiniones relevadas".
Asimismo, se señala que "existe una fuerte inclinación hacia un sistema acusatorio puro, encontrándose con el 54 por ciento de las respuestas en ese sentido". "se hace hincapié que el sistema mixto, tal como se encuentra concebido en la actualidad, atenta contra los principios de celeridad, publicidad, oralidad e inmediatez, principios estos cobijados por nuestro sistema republicano de gobierno".
En cuanto a la etapa de investigación, la mayoría de los consultados opina que el sistema acusatorio traería aparejada la simplificación y desformalización del proceso, ya que de acuerdo con esa opinión se otorgaría mayor dinamismo y celeridad a las investigaciones.
"Muchos magistrados han señalado que desde la reforma del Código Procesal Penal, con la introducción del juicio abreviado (ley 24.825) y la instrucción sumaria (ley 24.826), a la que se suma la Ley Orgánica del Ministerio Público, se ha marcado una línea normativa que refuerza el protagonismo del fiscal en el proceso Penal. Sostienen que es preciso poner la investigación en manos del fiscal y consolidar un Ministerio Público cuya organización responda a las necesidades que la dinámica de la investigación penal impone".