In Voce

PRACK-TICO. Se puede ser de izquierda o de derecha, peronista o radical, kirchnerista o macrista, chupacirios o abortista, machista o feminista… pero a pesar de la diversidad y la aparente dicotomía nadie se salva. En todos lados se cuecen habas, y a través de la sociedad argentina se desparrama el autoritarismo. Pero un autoritarismo que paradójicamente para la gente suena como enormemente justo. Los jueces, de todas las tendencias están siendo víctimas de este tsunami que se los está llevando puestos cada vez más seguido. Por estas pampas nunca nos destacamos por la tolerancia a los que pensaban distinto que nosotros, pero ahora nos la agarramos con los jueces. No es que sean ningunos pobrecitos ni que necesiten de nuestra amable solidaridad para sobrevivir en sus puestos. Sin embargo, nuestra vapuleada institucionalidad sufre a lo loco cada vez que se intentan torcer judiciales voluntades a fuerza de amenazas mediáticas y juicios políticos en vez de con argumentos jurídicos en instancias superiores. Quizá sea solamente una etapa. Así como alguna vez estuvieron de moda las canchas de paddle y los parripollos, ahora hace furor el “tiro al juez”, nuevo deporte que es pasión de multitudes. Y la ligan todos, sin distinciones. Pueden ser los jueces que osaron liberar por unos días a Chabán, o la jueza que frenó el aborto de la chica discapacitada, aunque ideológicamente estén en las antípodas los unos de la otra. Los opinólogos son diversos. Desde periodistas consumados a inexpertos movileros. Puede ser Doña Rosa mientras espera que el almacenero le corte 100 gramos de queso de máquina, o un diputado experimentado. Hasta el propio presidente de la Nación no se priva de practicar el nuevo deporte. Los ríos de tinta se mezclan con los ríos de sangre que reclama la multitud enardecida, todos opinan con fingida autoridad. Diciendo una obviedad que ya para nadie es obvia, Horacio Prack, uno de los dos conjueces que votó a favor de Boggiano, se esforzaba por explicar inútilmente que no se podía juzgar a los magistrados por el contenido de sus sentencias. ¿A quién le importa? Así, el camarista de San Martín que por accidente terminó siendo presidente de la Asociación de Magistrados hace algunos años, hizo mucho más por los jueces con este voto testimonial que desde la burocrática poltrona que suelen ocupar los directivos del lánguido gremio de los jueces (se ve que les falta un curso de posgrado en lo de Moyano). Lo suyo no fue una proclama del día después sino un voto del día antes. No alcanzó, borrón y cuenta nueva. Si en definitiva los nuevos jueces del supremo tribunal son en general académicamente mejores que los nazarenos anteriores, entonces nos estamos quejando de llenos. El argumento más fuerte de Prack fue que el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura ya han fijado robusta jurisprudencia en cuanto a que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus fallos, aunque sí admitiendo que la instancia del Senado más que una instancia política es “re-política”. El sustento de la doctrina del Consejo es que -sin mediar delito- la opinión de los jueces representa un signo de pluralidad en un estado democrático, en donde no todos piensan igual ante un mismo conflicto. Incluso muchos se sorprenderían al saber que en un muy reciente concurso para cubrir una vacante en el fuero penal, las dos mejores notas en el examen que alcanzaron 95 puntos, proponían soluciones opuestas. En el mismo caso, un postulante absolvía, mientras que otro condenaba. El tribunal de examen respetó las herramientas hermenéuticas de cada candidato y sin ningún tipo de prejuicio les dio la pole position a los dos. Con la lupa del caso Boggiano, uno de los postulantes estaría para jurar como juez y el otro en la parrilla del juicio político.

UNA JUEZA MODELO. Así titulaba Página12 el hallazgo –perla periodística irresistible- de que la juez de menores Inés Siro, que se hizo conocida hace unos días por frenar el aborto a la joven discapacitada violada, había posado para un cartel publicitario. El oxímoron se tornaba obvio y escandaloso: una jueza aparentemente tan interesada en la moral tenía el tupé de posar para algo tan fatuo como la moda y la publicidad. El cartel era de la fábrica de prendas de cuero”Etnia” y para peor de los males estaba justo en la puerta de un hogar de chicos del Club de Leones de Gonnet. La inoportuna imagen de la jueza cayó como anillo al dedo para quienes la querían matar por el fallo dictado. Porque a pesar de la opinión de la Corte provincial que días después se pronunció a favor de la autorización de la intervención quirúrgica destinada a poner fin a tan embarazoso embarazo, ya era demasiado tarde. Quedaba solamente llorar sobre la leche derramada, y en un efecto trapo de piso (para tratar de limpiar el desastre), pedirle el juicio político a la magistrada. Todos presenciamos en los programas de TV de debate político, fervorosas opiniones defendiendo o condenando las diferentes posturas. Todas atendibles y muy bien fundamentadas, todas empapadas, desde uno u otro sector del fundamentalismo más virulento. En el medio de la batalla la ligó la jueza –glorificada por unos, demonizada y ridiculizada por otros- que tuvo la mala puntería de posar para la empresa familiar. Sucede que la dueña de la fábrica de camperas de cuero es la cuñada de la magistrada, y como toda pyme que se precie, nunca viene mal la ayuda familiar. Parece que por una cuestión de ahorro de costos el hermano menor de la jueza, Guillermo Siro, le pidió, al igual que a otros familiares, que posara para el hoy controvertido cartel. Nada hubiera trascendido y todo hubiera pasado sin pena ni gloria, sin la controversia del pedido de aborto. Seguramente la magistrada jamás pensó que el cartel, resultado de un sí demasiado fácil, podía transformarse en vaselina para su juicio político. Para peor, la empresa tuvo que terminar sacando el cartel porque lo llenaron de piedrazos y por la ubicación de la pieza publicitaria, justamente la puerta de un hogar de niños, su irritativa permanencia no era obviamente lo más aconsejable.

PÍO PÍO, DECÍ ALPISTE. El camino para elegir al nuevo juez federal de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, finalmente llegó su fin luego de un largo proceso que no estuvo exento de algunas curiosidades. Hace pocos días, Oscar Valentinuzzi, que había quedado primero en la terna que elevó al Ejecutivo el Consejo de la Magistratura, juró y se hizo cargo deljuzgado. El magistrado, que se venía desempeñado al frente de la Secretaría de Leyes Especiales en el Juzgado Federal de Río Cuarto, había sido elegido por el Senado en la sesión del 1 de junio, donde otras seis colegas también recibieron el aval legislativo.Sin embargo, cuando el trámite estaba llegando a su fin se alzaron algunasvoces en contra del proceso de selección. De esa manera surgió una viejahistoria que terminó en la Justicia y que pudo ser ratificada por uncronista de este medio. La “víctima” fue el abogado Francisco Posse, que sehabía presentado para concursar por la vacante de Bell Ville pero terminódesilusionado con los resultados del proceso. Posse fue notificado de lasnotas del concurso, vía fax, en un locutorio de la ciudad de Bariloche(llamado Pío Pío) el 28 de diciembre de 2004, sí el Día de los Inocentes,cuando el domicilio que había denunciado era en la ciudad de La Banda, en laprovincia de Santiago del Estero, donde por entonces se desempeñaba comofiscal. Según cuentan sus allegados, Posse había obtenido la mejor nota enlos exámenes (78 puntos, con una ventaja de 10 sobre el segundo y 20 sobrequien finalmente fue elegido juez) pero el rubro antecedentes parece que no era su fuerte. Sin embargo, el concursante no pudo impugnar los resultados (como sí loshicieron los demás y como se hace habitualmente en estos casos) porque fue mal notificado y se enteró fuera de tiempo. De esa manera, nunca pudo hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 37 del Reglamento de Concursos Públicos del Poder Judicial. Possepidió la nulidad del proceso (fue rechazada por la Comisión de Selección delConsejo) e inició acciones judiciales pero nunca de esas vías frenaron eltrámite normal del concurso en el que intervinieron una docena depostulantes. Al candidato le quedó el gusto amargo de lo que podía haber sido, pero no fue. Del dicho al hecho hay mucho trecho y desde Bariloche a La Banda una punta de kilómetros y quizá un cargo de juez.

dju / dju