Lo resolvió la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional, integrada por los jueces Abel Bonorino Peró, José Manuel Piombo y Juan Esteban Cicciaro, en autos caratulados “Ibarra Aníbal y otro s/abuso de autoridad” provenientes del Juzgado de Instrucción Nº 49, a cargo de Facundo Cubas, quien procesó a Héctor Costanzo por la supuesta comisión del delito de exacciones ilegales (arts. 45 y 266 del Código Penal).
Costanzo está acusado de solicitarle a Sergio Daniel Ramos, dueño del restorán “Pizza Banana”, la suma de 50 mil dólares para prorrogarle la concesión del predio donde funciona el establecimiento. Todo ello en su calidad de Subsecretario de Gestión Operativa del Gobierno de la Ciudad.
La defensa del imputado se agravió en reiteradas oportunidades por el modo en que el juez de instrucción valoró las pruebas que sustentaron su resolución, ya que “habría desconocido de modo arbitrario las diferentes versiones de los hechos dadas por los testigos en sus respectivas declaraciones”.
No obstante, el tribunal entendió que la resolución mencionada “se encuentra debidamente respaldada por las declaraciones de los testigos que presenciaron la reunión en la que Eduardo Porrini, quien habría actuado como representante del imputado, solicitó a Ramos la suma de U$S 50.000 a cambio de la prórroga de la concesión del predio”.
Respecto a la existencia de la reunión entre Ramos y Porrini, los jueces dijeron que “son categóricos los dichos del testigo Ferreiro”, quien organizo la reunión en un local de Mc Donald´s a pedido del segundo. “El testigo dio cuenta de la participación en el hecho del imputado, al referirse a un encuentro anterior a esa reunión, sostenido en la confitería “Los Dos Cabildos”, en enero de 2004, oportunidad en la que Costanzo se habría acercado a la mesa en la que estaba reunido con Porrini y la habría manifestado que le dijera a Ramos que debía dos cánones”, destaca el fallo, que también tuvo en cuenta el testimonio del hijo de Porrini, ya fallecido.
Costanzo fue funcionario porteño entre diciembre de 2003 y mayo de 2004. Antes, había sido legislador porteño por la UCR. A mediados de este año fue nombrado jefe del departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad pero renunció poco después de ser procesado por el juez Cubas.
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