El nuevo régimen se aplicará a medida que se vayan produciendo vacantes en la Justicia. Los nuevos empleados se elegirán de una lista que se confeccionará con los mejores postulantes. Luego de los exámenes, los seleccionados formarán parte de una lista, que tendrá una vigencia de dos años, de la cual se podrá elegir a cualquiera de los postulantes ubicados entre el primero y el décimo lugar.
“El ingreso al Poder Judicial para cumplir funciones de empleado, sólo podrá producirse en el cargo de menor jerarquía que correspondan a la dependencia o función respectiva”, establece el artículo 12 del proyecto. Esto quiere decir que las vacantes que se produzcan en cargos intermedios serán ocupadas por las personas en el escalón inferior hasta que quede libre el último puesto.
El único caso donde no se da ese régimen es para los secretarios y procesetarios letrados que son reemplazados por concurso.
El “Régimen de Ingreso a la Carrera Judicial” fija los requisitos para ocupar cada cargo. Para ser secretario o prosecretario letrado se requiere ser abogado con una antigüedad mínima de dos años o de un año para el caso de quienes ya son empleados judiciales o de los ministerios públicos. Estos últimos deberán acreditar cinco años de experiencia en cargos estatales.
Por su parte, los empleados deberán tener título secundario y acreditar idoneidad para el cargo. “El cinco por ciento (5%) de los cargos a cubrir, como mínimo, debe ser ocupado por personas con necesidades especiales, que cumplan con los requisitos generales precedentemente señalados”, establece el proyecto para el caso de los empleados.
En el caso de los postulantes a secretarios y procesetarios letrados su examen constará de la resolución de un caso jurídico donde se evaluará la redacción y el conocimiento sobre derecho del área por la que se este concursando. Los candidatos que lleguen al puntaje mínimo del examen (70 puntos sobre 100) se analizarán sus antecedentes académicos y profesionales. Para los empleados, la prueba será sobre conocimientos generales y se analizará la redacción, ortografía y conocimientos informáticos.
Los concursos los llevará a cabo el Consejo de la Magistratura que conformará un Comité Evaluador que estará integrado por tres personas: un representante del organismo, que no podrá ser un consejero juez, otro de la Asociación de Magistrados y otro de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. El Comité tendrá como funciones: “establecer el programa, tomar los exámenes, proceder a la corrección y evaluación conjunta de los mismos, confeccionar un listado por orden de mérito”.
Del nuevo régimen queda excluido el personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de alguna de sus dependencias o su cargo. Antes que un nuevo empleado sea nombrado deberá presentar un examen de aptitud psicotécnica.
El proyecto ya fue consensuado por el Comité de Negociaciones del Poder Judicial integrado por cuatro representantes del Consejo y cuatro del gremio de los judiciales.
Pero el tratamiento del nuevo régimen podría quedar en manos de la nueva integración del Consejo que asumirá el próximo 16 de noviembre. Algunos consejeros proponen que sean los actuales miembros los que decidan el tema ya que hace más de dos años lo vienen trabajando y sus próximos colegas necesitarán tiempo para conocer su alcance lo que retrasaría su implementación, en caso de ser aprobado.
Otros consejeros consideran que debería ser la nueva integración quien examine la propuesta. En el medio están las cámaras federales de todo el país que quieran dar su opinión sobre al tema. El consejero juez Claudio Kiper pidió un plazo de 2 meses para que sus colegas magistrados puedan opinar. Pero algunos de los consejeros vieron en ese pedido una maniobra para dilatar el tema y limitaron la presentación de las cámaras a este lunes para que el tema pueda ser tratado el jueves.
La opinión mayoritaria de las cámaras, según puedo saber este medio, es negativa para con el proyecto.