“A los jueces siempre les ha molestado que el Consejo intervenga en todo este tipo de temas. Sin duda ellos tienen una llegada más directa y mejor con la Corte Suprema y pueden tratar de sacar un sistema más acorde a sus pretensiones. Pero esto no es así. Para eso fue creado el Consejo que tiene las facultades de administración, de entender en todo el mejoramiento del sistema de Justicia”, le dijo a Diariojudicial.com Pereira Duarte.
El proyecto en discusión es el “Régimen de Ingreso a la Carrera Judicial”. La iniciativa que estudia el Consejo plantea que desde los secretarios letrados hasta el personal de maestranza ingresen a los tribunales a través de concursos públicos con exámenes y análisis de antecedentes.
Pero el proyecto fue rechazado masivamente por los jueces de todos los fueros y jurisdicciones que hicieron llegar sus opiniones al Consejo. La Cámara Civil, la Cámara del Crimen, la Cámara Federal de La Plata, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara Federal de la Seguridad Social, entre otras, consideran que el Consejo no tiene competencia para designar al personal de esos fueros.
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales consideró que el proyecto “afecta las bases mismas de la organización estructural de la actividad jurisdiccional y administrativa de nuestros tribunales” y que la Ley 26.080, que reformó el Consejo, "ratifica las facultades de Superintendencia de la Corte Suprema y por delegación de las Cámaras de Apelaciones".
Pero Gemignani no coincide con esa postura. “La Corte sostiene que con la nueva Ley 26.080, los que tienen facultad para poder reglamentar todo lo que hace al ingreso y a la carrera judicial son ellos. Yo sigo pensando que por la Constitución Nacional el Consejo de la Magistratura es el que tiene la facultad para esta reglamentación y que la Constitución está por encima de la Ley 26.080”.
El consejero hace referencia al artículo 114 de la Carta Magna que establece como atribuciones del Consejo el “dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”.
Con él coincidió Rodríguez. “Para mí es claro que si el Consejo, por el artículo 114 de la Constitución Nacional, tiene la facultad de administrar, también está el ingreso del personal. De hecho todas las cuestiones relacionadas con el personal, como las licencias, las estamos decidiendo nosotros”, expresó la consejera.
Rodríguez consideró que la oposición de los jueces es corporativa. “Hay una resistencia corporativa a modificar un régimen de ingreso que tiene muchas deficiencias y se basa en las relaciones con los jueces o conocidos de los jueces. En las cuestiones que no tienen esta resistencia coorporativa nadie cuestiona las atribuciones y sí lo hacen en este tipo de situación”.
El proyecto iba a ser tratado por el Consejo este jueves pero la reunión se frustró por la ausencia de una importante cantidad de consejeros. A la actual integración del Consejo (el próximo 16 de noviembre se renueva parte de sus integrantes) le queda un plenario para analizar el tema, el 9 de noviembre. Sin embargo, parece difícil que el tema se trate.
“Hay mucha resistencia pero el problema es que todas las demoras atentan a que salga el proyecto. Si esto se pasa al nuevo Consejo en principio no se si se va a aprobar y segundo se va a demorar muchísimo cuando es algo que viene siendo trabajado hace años y no habría ninguna causa para no sacarlo, salvo una cuestión de voluntad política”, consideró Rodríguez.
Para Gemignani el tema debería ser tratado por el próximo Consejo. “Estamos en plena época de transferencia del poder. Entonces el próximo Consejo tiene que fijar un plan judicial para cuatro años”, opinó.