Sin embargo en su apelación que será elevada hoy a la Cámara Federal Penal para sorteo de sala, Eurnekián no cuestiona la intervención judicial en CAS (Corporación America Sudamericana) que armó con Korzín para obtener la concesión aeroportuaria ya que fue el mismo quien la pidió en sede judicial. Liporaci dispuso la designación de dos veedores judiciales en Aeropuertos 2000 que fueron designados por la Sindicatura General de la Nación a cargo de Rafael Bielsa y otros dos interventores judiciales en la Comisión de Fiscalización de esa empresa. Estos funcionarios del Poder Ejecutivo deberán informar periodicamente al juez y controlar el funcionamiento de la empresa.
A su vez, el fiscal Eduardo Freiler rechazó el pedido de la defensa de Korzín encargada al abogado Sarraybarouse Bargalló de pedir el sobreseimiento del empresario y abrió el camino a la querella iniciada por Eurnekián, quien a su vez, también se encuentra querellado por su socio y ex amigo personal. Ahora, Liporaci analiza separar las querellas cruzadas para que tramiten en forma independiente una de otra aunque en el mismo juzgado. Korzín cuestiona jurídicamente el usufructo otorgado por OGDEN, empresa americana que ingresó al negocio de los aeropuertos como operador, a u vez, Eurnekián denuncia la presunta adulteración de los libros y actas de CAS, cuya sede judicial se encuentra en Panamá.
Hacia este país y al pequeño paraíso fiscal de Nihue, en el medio del Pacífico y a tres horas de vuelo de Nueva Zelandia, el juez envió los exhortos judiciales para establecer la veracidad de la denuncia de los socios en Aeropuertos 2000. CAS fue integrada en un 85 por ciento por Breef Teech de Eurnekián y 15 por ciento por Sheehan que se radicó en Nihue. De ese 15 por ciento, Korzín vendió el 64 por ciento al Exxel Group luego de intentar sin éxito convencer a los grupos Macri y Techint a ingresar en el negocio para enfrentar a Eurnekián, según se desprende de la información que existe en el juzgado de Liporaci.
Por otro lado, en la SIGEN, se analiza la conveniencia de llevar a todas las partes involucradas en el conflicto a una negociación - el propio secretario general de la Presidencia, Jorge De la Rua, estaría monitoreando tan compleja cuestión- que permita superar la instancia judicial, fundamentalmente en lo que hace a la cuestión civil y comercial ya que la penal es una decisión personal de Eurnekián y Korzín que se sienten mutuamente damnificados. En ese ámbito se consideró altamente improbable que el ORSNA -Ente Regulador de los Aeropuertos- vaya a quitarle la concesión a Eurnekián como dejaron trascender determinadas informaciones de prensa por el alto costo que traerían juicios contra el Estado y por la inseguridad jurídica que se transmitiría a los inversores extranjeros. Además, solo el juez podría llegar a una situación tan extrema pero ese no es el criterio de Liporaci, por el momento.