La iniciativa propone crear “un procedimiento judicial breve, sencillo, no costoso, para resolver pequeños problemas que, sin embargo, pueden ser graves en el ánimo de quienes los padecen” con el objetivo de “contribuir a establecer un sistema de solución rápida para estas pequeñas causas”.
Quienes elaboraron el proyecto fueron los abogados Jaime Anaya, Gustavo Bossert, Carlos Colombo y Lino Palacio (quien falleció el 2 de octubre de 2006) e ingresó al Senado en marzo de 2005 con el respaldo de los senadores Ricardo Gómez Diez y Miguel Pichetto y los ex legisladores Jorge Agúndez, Carlos Prades y Jorge Yoma. La iniciativa perdió estado parlamentario y fue reimpulsada en marzo pasado por Gómez Diez.
La Justicia Nacional de Causas de Trámite Abreviado intervendrá en “cuestiones suscitadas entre copropietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o entre ocupantes de inmuebles vecinos cuando se aleguen las circunstancias previstas en los artículos 2618 o 2625 de Código Civil o en el artículo 15 de la Ley 13.512, o cuando medie la oposición a la realización de reparaciones urgentes en cuyo caso se aplicará el artículo 623 ter del CPCCN” y en “reclamos fundados en los derechos de los consumidores, siempre que la controversia verse sobre cosas muebles o prestación de servicios privados”, establece el artículo tercero del proyecto.
Concretamente, los autores pensaron esta nueva Justicia para causas de “conflictos entre vecinos” y para reclamos de consumidores “siempre que la controversia verse sobre cosas muebles”, aclara en sus fundamentos.
En su espíritu, la iniciativa busca “un juicio de trámite breve, para resolver todas estas cuestiones más vinculadas con la vida que con el patrimonio de la gente”.
Los juzgados de Trámite Abreviado serán unipersonales y contarán con un secretario y dos empleados. Los fundamentos de la iniciativa le otorgan una gran importancia al personal ya que “el éxito de este procedimiento dependerá…….. de su cabal comprensión sobre el carácter expeditivo y necesariamente breve del trámite y de su firmeza para rechazar todo planteo dilatorio”.
Las sentencias no serán apelables y los jueces podrán desestimar sus propias recusaciones cuando sean manifiestamente improcedentes.
Por otra parte, la iniciativa propone la creación de cinco Juzgados Nacionales de Causas de Trámite Abreviado y un Juzgado de Ejecución. Además, le encarga al Ministerio de Justicia que anualmente elabore estadísticas sobre la cantidad de causas ingresadas para disponer la creación de nuevos juzgados.